En un país verdaderamente democrático, los ciudadanos vigilan y controlan el poder estatal, tanto de manera indirecta como a través de mecanismos directos. Por el contrario, en una dictadura, sobre todo si es de carácter o tendencia totalitaria, es el Estado el que controla a los ciudadanos hasta en los aspectos íntimos de su vida personal y familiar.
El control indirecto del poder estatal que ejercen los ciudadanos en la democracia se realiza por medio de instituciones formales como el Parlamento, la Contraloría y los partidos políticos; en tanto que el control directo de la administración pública lo practican los ciudadanos a través de mecanismos de participación, como las organizaciones de la sociedad civil o sea no gubernamentales. Se trata, pues, de dos tipos de control completamente opuestos: uno, el democrático, que ejercen los ciudadanos de manera directa o indirecta en función del buen gobierno de la sociedad; y el otro, el dictatorial, el cual para mantener sometidos a los ciudadanos se lleva a cabo por medio de los mecanismos coercitivos y represivos del Estado, a través de las “correas de transmisión” que son las organizaciones de masas sometidas al poder, mediante el espionaje de las comunicaciones y los movimientos físicos de las personas, a través de los “manuales” para regular las organizaciones sociales como las ONG, etc.
Ahora, el régimen de Daniel Ortega quiere controlar a las ONG con el pretexto de que no se deben meter en política. Pero es por su propia naturaleza democrática, que las organizaciones de la sociedad civil tienen derecho de participar en política, incluso partidista si así lo quieren quienes las componen y cuentan con el beneplácito de los organismos internacionales que las auspician y financian. La misma Constitución de Nicaragua, en su artículo 49 garantiza el derecho de todas las personas a organizarse con fines lícitos y cívicos en las asociaciones que quieran, las cuales podrán tener o no carácter político y partidario.
En un país verdaderamente democrático, el Gobierno no actúa contra las ONG sino que estimula su formación, respeta su independencia, agradece la colaboración que prestan para resolver problemas sociales y comunitarios y admite sin reservas su función de control social que ayuda a mejorar la transparencia en la administración de los recursos públicos. Incluso los partidos políticos democráticos reconocen el mérito de las Organizaciones No Gubernamentales porque crean cultura democrática entre los ciudadanos.
Realmente, con la creación y el funcionamiento libre de las ONG se cumple cabalmente el principio de que “la participación, junto con la libertad, es un objetivo político de primer orden en la construcción y desarrollo de la democracia”. Y se aplica el precepto de que “la participación libre es una manifestación del grado real de educación y cultura cívica de una sociedad”. Precisamente en este sentido venía avanzando la sociedad nicaragüense desde el advenimiento de la democracia, en 1990. A partir de entonces floreció la participación de los ciudadanos por medio de las ONG, incluyendo a las muchas que creó libremente el FSLN para captar recursos económicos y materiales en el extranjero.
Pero ahora, con la restauración del poder total de Daniel Ortega la participación ciudadana y la educación cívica experimentaron un brusco frenazo y están sufriendo un lamentable retroceso. Y con la aplicación del manual de control de las ONG que ejecutará el Ministerio de Gobernación, el régimen de Daniel Ortega pretende liquidar la democracia participativa y avanzar más rápido en dirección a la dictadura totalitaria que se propone imponer.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), una de las organizaciones más reconocidas entre las ONG independientes y democráticas del país que están en la mira represiva del régimen orteguista; un organismo, el Cenidh, al que sólo un despistado o un malintencionado podría calificar como derechista y oligárquico, popularizó en Nicaragua el lema de que: “el derecho que no se defiende es un derecho que se pierde”. Es muy cierto eso. Y ahora, ante la grave amenaza del orteguismo contra las ONG independientes que representa el manual de control de su Ministerio de Gobernación, hay que convertir esa divisa en realidad; es decir, hay que defender con bravura la libertad y los derechos de los ciudadanos que el poder político fascistoide quiere arrasar.
