Se espera que hoy la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios, de la Asamblea Nacional, dictamine el proyecto de Ley de Desarrollo Costero conocida como Ley de Costas. Esta comisión parlamentaria está dominada por el FSLN, de modo que recae sobre el partido de gobierno la responsabilidad de proponer al plenario de la Asamblea Nacional un dictamen de interés nacional, una Ley de Costas que ayude al desarrollo del país y favorezca a los nicaragüenses y no que los perjudique más de lo que ya están perjudicados.
A ese respecto, el martes de esta semana se realizó en Managua un foro de interesados directamente en la Ley de Costas, en el que se recomendó que ésta sea aprobada por consenso, para lo cual debe llenar cuatro requisitos fundamentales: primero, garantizar el libre acceso a las costas y playas; segundo, asegurar el respeto al derecho adquirido de propiedad en las zonas correspondientes; tercero, atraer inversión para el desarrollo turístico; y cuarto, coadyuvar a la protección ambiental y al desarrollo sostenible.
Algunos legisladores aseguran que la Ley de Costas debe fundarse, ante todo, en lo que ellos llaman “interés supremo del Estado”. Pero lo que debe procurar y proteger esta y cualquiera otra ley, es el interés supremo de las personas. El bien común y el interés nacional se derivan de la garantía de las libertades, del respeto a los derechos y los intereses de las personas individuales, no al revés.
Precisamente por eso es que en el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se proclama “que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. Aplicado este principio a la Ley de Costas que está en discusión en la Asamblea Nacional, significa que su objetivo debe ser procurar el interés y el bienestar de las personas humanas: de las que transitan por las costas y acceden a las playas; de las que son propietarias legítimas en las zonas adyacentes a las costas y riberas; de las que se benefician o se beneficiarían tanto de manera directa como indirecta, con el desarrollo de nuevos proyectos turísticos a base de más inversiones nacionales y extranjeras; y de todos los nicaragüenses para quienes es vital la protección del ambiente y la conservación de los recursos naturales.
Salvados los derechos de las personas al libre tránsito por costas y riberas y al aprovechamiento de las playas; y garantizada legalmente la protección y la conservación del medio natural, la Ley de Costas debe tener como propósito fundamental incentivar la inversión en el desarrollo turístico. El turismo es el petróleo de Nicaragua, su principal recurso potencial para impulsar el desarrollo nacional. De modo que si la Ley de Costas no garantiza de manera inequívoca la seguridad jurídica y el derecho de propiedad, ahuyentaría en vez de atraer la inversión en el ramo turístico.
Nadie arriesga su propiedad y su dinero, cualquiera que sea su magnitud, si no tiene garantía de la seguridad jurídica y de su derecho de propiedad. Además, la competencia internacional por el turismo de playa es dura. Hay que competir con países que tienen playas tan atractivas como las de Nicaragua, pero cuyos gobernantes han sido más inteligentes y han tenido la visión de alentar la inversión para crear infraestructura turística y ofrecer mejores servicios y más alternativas a los turistas nacionales y extranjeros. En materia turística, a pesar de sus excelentes recursos naturales Nicaragua está en desventaja con los vecinos, Costa Rica y Honduras, por el desarrollo y amplitud de sus ofertas en las playas de Guanacaste y en las Islas de la Bahía, por ejemplo.
De modo que fue atinado lo dicho por el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, en el foro sobre la Ley de Costas, sobre que ésta debe contar “con el consenso de todos los sectores afectados por la misma y evitar que no logre el objetivo para el cual se está creando y más bien sus efectos serían negativos, agravados por la crisis económica”. Y es correcto lo que remarcó el ex alcalde sandinista de San Juan del Sur - principal destino turístico de playa en el Pacífico de Nicaragua -, Eduardo Holmann, en el sentido de que “es importante el ordenamiento en el uso de la zona costera, pero cualquier regulación tiene que incentivar a la inversión privada, en vez de ahuyentarla”.
