El Gobierno que preside Daniel Ortega debería comprometerse a realizar reformas electorales que permitan un sistema independiente, inclusivo y transparente, sin cambiar la Constitución Política, si quiere restablecer la credibilidad de la comunidad donante en Nicaragua y la confianza de los nicaragüenses en el sistema electoral, según el Grupo Promotor de las Reformas Electorales, que integran 14 organizaciones civiles.
Mauricio Zúñiga, director del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), dijo a LA PRENSA que con las reformas electorales ganarían todos los sectores del país, pues en primer lugar el Gobierno podría recibir los recursos suficientes en el Presupuesto General de la República, sin reducir costos en áreas sensibles, como ocurrió con la reducción de más 1,300 millones de córdobas en la reforma aprobada el mes pasado, que afectó las inversiones en salud y educación.
“Habrá también un mensaje claro ante la comunidad internacional y se mejoraría el clima de inversiones, porque es una señal de que se quiere un Estado de Derecho y el clima de inversiones depende de la gobernabilidad, por que ¿quién va a invertir en un país que está en abierta confrontación?”, consideró Zúñiga.
Hoy está previsto que se reinicien las conversaciones entre la Comisión Europea y el Gobierno, donde no quedarían por fuera los cuestionados resultados de las elecciones de noviembre pasado, en las que el Consejo Supremo Electoral (CSE) vio ganar al partido de gobierno en 105 de las 146 alcaldías electas. Para Zúñiga, el Gobierno “tiene la oportunidad de demostrar que tiene la capacidad de rectificar y de rediseñar el sistema electoral que por las fallas que tuvo tiene que ser reparado”.
NUEVOS MAGISTRADOS
Sin embargo, el experto advirtió que para lograr estas reformas es preciso que se destituyan o renuncien los actuales magistrados electorales (siete propietarios y tres suplentes), para elegir nuevas autoridades, con las que se puedan discutir la realización de las reformas que califica de “indispensables” para superar la crisis política surgida tras las elecciones fraudulentas, lo que motivó luego la suspensión de más de cien millones de dólares de la cooperación internacional.
Zúñiga dijo que el Gobierno no puede pretender que la ayuda de otros países como Venezuela, Libia, Irán o Rusia reemplace la cooperación de libre disponibilidad que, por ejemplo, aporta al Presupuesto el Grupo de Apoyo Presupuestario.
Además, recordó que los principios de democracia con los que está comprometido el país son universales, por lo que el Gobierno no puede rechazar que la comunidad donante no pida el cumplimiento de éstos.
