Unos 400 millones de ciudadanos de los 27 países que componen la Unión Europea, van a elegir entre el 4 y el 7 de junio próximo a los 736 diputados que integrarán el Parlamento Europeo durante los próximos cinco años; una elección cuya gran incertidumbre y máxima preocupación no es, por supuesto, el temor a un fraude electoral ni a la violencia política, sino a la poca participación de los ciudadanos, que ha pasado de 63 por ciento en 1979, cuando las primeras elecciones europeas, al 45 por ciento en 2004. Y ahora se espera que la participación sea aun menor.
Por supuesto que a nadie se le ocurre ni siquiera imaginar la posibilidad de que haya un fraude electoral en las elecciones de Europa, como los que se hacen en los países del Tercer Mundo; por ejemplo: el que perpetró en las elecciones municipales del año pasado el régimen de Daniel Ortega.
Pero, si a los ciudadanos europeos se les respetan sus votos y son éstos los que deciden realmente la elección de las autoridades y la formación del poder estatal y gubernamental, ¿por qué, entonces, los nicaragüenses no podemos tener igual derecho? ¿Es que somos personas de segunda o tercera clase? ¿Acaso la libertad y la democracia son virtudes exclusivas de los países desarrollados y ricos, pero prohibidos para las naciones atrasadas y pobres como Nicaragua?
Desde la Declaración de Derechos de Virginia, la cual fue aprobada por una asamblea celebrada en mayo y junio de 1776 en la ciudad Wiliamsburg, en la colonia de Virginia, poco antes de la independencia de los Estados Unidos; desde entonces, repetimos, se proclamó y tuvo aceptación internacional el principio de que: “Todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y poseen ciertos derechos propios, de los que, al entrar en sociedad, no pueden ser privados, ni despojada su posteridad por ningún pacto; a saber: el goce de la vida y la libertad con los medios de adquirir y poseer la propiedad y de perseguir y obtener la felicidad y seguridad”.
172 años después, la Declaración Universal de los Derechos Humanos , adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en París, amplió y universalizó esos derechos esenciales e inalienables de la persona humana, incluyendo el de los ciudadanos a elegir y ser elegidos. Y para eso se consagró expresamente en el numeral 3 del artículo 21 de dicha Declaración, que: “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta autoridad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual por voto secreto u otro procedimiento que garantice la libertad del voto”.
Todos los gobiernos de los países que son miembros de la Organización de Naciones Unidas están obligados a cumplir y respetar esos derechos. Además, los ciudadanos de todo el mundo, inclusive los de Nicaragua, tienen derecho según el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”. Y concluye con la advertencia del artículo 30, acerca de que ningún Estado, grupo o persona debe “emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración”.
Esto significa que el gobierno que suprime o viola cualquier derecho humano contenido en la Declaración Universal, por ejemplo el de elegir libremente y que el voto sea respetado —o sea el que comete fraude electoral—, es un régimen delincuente y así debe ser tratado por la comunidad internacional. Además, en el caso de la Unión Europea, ésta, desde 1990 se obligó a sí misma a incluir en todos los acuerdos internacionales con terceros países, una “cláusula democrática” que significa el compromiso de respetar los principios democráticos y los derechos fundamentales tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
De manera que ha sido consecuente con su propia cláusula democrática, la decisión que tomó la Unión Europea con respecto al fraude perpetrado en Nicaragua en las municipales de noviembre pasado. Y ahora tiene que decidir si se mantiene fiel a esa cláusula democrática, que es garantía de civilización, de libertad y de buena gobernabilidad, o cede a la mala tentación de considerar que los nicaragüenses no tenemos el mismo derecho a elecciones libres y limpias igual que lo tienen los ciudadanos de Europa.
