El próximo miércoles por la mañana unos veinte ciudadanos recurrirán en contra del Consejo Supremo Electoral (CSE) ante la Sala de lo Contencioso y Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), porque el primero de estos poderes del Estado calló sobre las solicitudes de los resultados totales y detallados de las elecciones municipales de noviembre pasado, reveló a LA PRENSA la presidenta del Movimiento por Nicaragua (MpN), Violeta Granera.
La abogada y consultora en acceso a la información, María Adilia Serrano, estimó que los recursos que se pretende entregar el 27 de mayo “serían realmente los primeros que se presenten ante la Corte”, desde la aprobación, en mayo del 2007, de la Ley 621, de Acceso a la Información Pública, vigente desde noviembre de ese mismo año.
Granera recordó que fue el 2 de abril pasado que un grupo de ciudadanos, animado por el MpN, junto a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) como persona jurídica, solicitó con formularios de acceso a la información pública que el CSE les facilitara los resultados de los comicios locales del 2008, en los que se elegía a 146 de las 153 autoridades municipales.
“Pedimos a través de dos formularios distintos que se nos entregara la información sobre los votos válidos y nulos, recibidos por cada uno de los partidos políticos en contienda en cada una de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), y también la información de cada una de las Juntas que fueron impugnadas. Las dos informaciones son de carácter público”, precisó Granera.
El 11 de mayo pasado, según el cálculo del MpN y la CPDH, se venció el plazo máximo que da la Ley 621 para que el CSE respondiera las solicitudes. La ley otorga un total de quince días hábiles para que se responda positiva o negativamente a la solicitud, se pida que se mejore la misma o se solicite una prórroga de hasta diez días para responderla. Sin embargo, el CSE guardó silencio.
En aquella ocasión, como ahora también, LA PRENSA intentó obtener la versión del CSE. Sin embargo, su vocero Félix Navarrete no atendió las llamadas de LA PRENSA y en la sede del CSE también lo negaron. Además, se desconoce la ubicación de la Oficina de Acceso a la Información Pública del CSE y quién es el encargado, algo que la ley obliga, porque las solicitudes ciudadanas hechas en abril fueron recibidas en la recepción de la sede del Consejo en Las Palmas.
A partir de la presentación de los recursos, la Corte tendrá 30 días hábiles para resolverlos y, según Granera, si no ocurre denunciarían retardación de justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La abogada María Adilia Serrano calificó las acciones de estos grupos civiles como “novedosas” y celebra que con esto se establezca un precedente.
Sin embargo, reconoció que los trámites en la Sala de lo Contencioso y Administrativo, que regula la Ley 350, “son engorrosos” y no todos los ciudadanos logran acceso a la misma, por lo que urge que se instale también la Coordinadora de Oficinas de Acceso a la Información Pública, que manda la Ley 621 para recurrir ante las negativas de acceso.
