La partidización y creciente desconfianza en las instituciones públicas y la falta de transparencia en el manejo de los recursos del Estado fueron consideradas ayer por la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) como dos de los síntomas graves de la “descomposición de la institucionalidad” del país, que urgen tratar con un plan para la reconstrucción de la misma y que proponen sea consensuado con la sociedad civil y con el que se comprometan todos los diputados que se autodefinen como democráticos.
Los diecisiete parlamentarios que integran la BDN, junto a varios de sus suplentes, presentaron ayer en una conferencia de prensa, presidida por el diputado Eduardo Montealegre, una propuesta para superar la falta de institucionalidad, lo que estiman es “el principal obstáculo para el desarrollo de Nicaragua”.
2010 ES EL AÑO CLAVE
Montealegre reconoció que faltan más de dos años para las próximas elecciones presidenciales, previstas para el 2011, y “muchos están pensando ya en las próximas elecciones como una oportunidad para elegir gobernantes honestos, capaces y comprometidos con la democracia y el progreso de Nicaragua”.
Aunque, para lograrlo “es necesario restituir la institucionalidad” o de lo contrario “vamos a poder votar, pero no vamos a poder elegir, porque la verdadera elección la van a hacer a espaldas del pueblo aquéllos que controlan los organismos electorales”.
En el 2010 la Asamblea Nacional deberá elegir o ratificar a los siete magistrados propietarios y los tres suplentes del Consejo Supremo Electoral (CSE); a cuatro de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a los cinco miembros propietarios y los tres suplentes del Consejo Superior de la Contraloría General de la República (CGR), al Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras y al Procurador y Subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos, entre otros cargos.
Desde las reformas constitucionales del 2000, pactadas entre el liberal Arnoldo Alemán y el actual mandatario sandinista Daniel Ortega, las instituciones públicas se reparten entre incondicionales de los partidos que estos dos controlan y que hoy permiten un dominio casi absoluto al partido oficial.
Según Montealegre, “la actuación de los funcionarios que van a ser electos o ratificados el próximo año va a determinar el futuro institucional de Nicaragua, al menos durante los próximos quince años”, por lo que “es crucial que la Asamblea Nacional escoja árbitros capaces, honestos e imparciales, que obedezcan únicamente a las leyes y así devuelvan la credibilidad a las instituciones a su cargo”.
TODOS AFECTADOS
La Bancada Democrática propone en su documento que “por la trascendencia (de esa meta) para el futuro de todos los nicaragüenses, no debemos asumir esas tareas a espaldas de la ciudadanía que nos eligió y que va a ser directamente beneficiada o perjudicada por las decisiones que tomemos”, y proponen un diálogo a la población.
Montealegre aseguró que “cada uno de nosotros, como ciudadanos, hemos sufrido directa o indirectamente los perjuicios del manejo ineficiente, partidizado y corrupto de las instituciones del Estado”.
“Hoy los nicaragüenses vivimos el peor momento de nuestra institucionalidad democrática. Años de arreglos y pactos, legales pero ilegítimos, han repartido el Estado entre grupos de poder y han producido unas instituciones que no tienen ni capacidad ni credibilidad para contribuir al desarrollo nacional”, agregó el diputado.
“La descomposición institucional hace más difícil invertir, iniciar un pequeño negocio, adquirir una propiedad, realizar un trámite en una oficina pública, encontrar un trabajo digno y garantizar buena educación para nuestros hijos”, afirmó.
