En la década final del siglo pasado y la primera del presente, en Nicaragua, inversionistas extranjeros y nacionales se vieron atraídos por los altos márgenes de ganancias que proporciona el negocio de los microcréditos, o bien la colocación de fondos para luchar contra la pobreza. Durante este período nacieron ONG, microfinancieras y programas de microcrédito administrado por financieras reguladas o no reguladas por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras e, inclusive, algunos bancos tradicionales también participaron activamente.
En general, toda la clientela que utilizaba microcréditos no era atendida regularmente en los bancos del Sistema Financiero, la misma no estaba acostumbrada a llenar la papelería correspondiente a una solicitud de préstamos y no llevaban registros contables. Para lograr lo anterior, funcionarios de las microfinancieras visitaban personalmente el negocio prospecto, procediendo en conjunto a conseguir o calcular manualmente la información necesaria y completar los documentos financieros requeridos para su evaluación.
Los microempresarios aceptaban la condición crediticia exigida por las microfinancieras (altas tasas de intereses, forma de pago, garantía, moneda de pago, además de una variedad de otros cargos) para lograr tener acceso a esos fondos. Lo anterior dejaba a la microfinanciera con la posibilidad de obtener altas tasas de rendimiento, inclusive mayores a un 40.0 por ciento anual.
Todas las actividades financiadas a los microempresarios difícilmente podían cubrir los gastos y costos financieros cobrados, además de obtener ganancias para cubrir los gastos de mantenimiento de sus familias. En menos de un año se presentaban los primeros problemas de pago.
La fertilidad de este mercado generó una fuerte competencia por mayor colocación de fondos, obligando a las microfinancieras y/u otras empresas participantes a abrir sus políticas de créditos o hacer vulnerables sus procedimientos operativos, inclusive se dieron casos de clientes que obtenían facilidades crediticias simultáneas o cruzadas en diferentes microfinancieras.
Incrementos mensuales de cartera, acompañados de esfuerzos férreos en gestiones de cobros, mantenían índices aceptables de pérdidas de cartera. Las instituciones acreedoras iniciaban procesos judiciales con las primeras cuotas vencidas, procediendo de inmediato a embargos de bienes o salarios, que terminaban en las adjudicaciones de los bienes financiados o el embargo de menaje de casa. La situación se puso tan difícil que en los microcréditos, con garantía fiduciaria, cuando se llegaba a ejecutar un embargo de salario algunos clientes ya tenían trabados hasta más de tres embargos.
En el año 2007 se inician otros aspectos negativos que inciden directamente en un deterioro acelerado en la capacidad de pago de los deudores de las microfinancieras, los de mayor relevancia: precio del petróleo, proceso inflacionario, disminución del salario real, sobreendeudamiento, altas tasas de interés, desempleo, depresión y migración.
A finales del 2008 y en lo que va del 2009, el panorama económico es de mayor pesimismo, ya que se espera grandes impactos para la economía nicaragüense proveniente de la crisis mundial, que afectará negativamente las exportaciones y el rubro de remesas internacionales recibidas. Lo anterior redundará en incrementos significativos de la cartera en riesgo, provocando acciones de políticas de cobro hostigosas y grandes cantidades de clientes trasladados a oficinas especializadas en recuperación y de cobranza judicial.
Considerando lo mencionado y partiendo de la premisa de que tanto las microfinancieras como sus clientes desean solucionar o amortiguar la espiral problemática que existe, recomiendo puntualmente lo siguiente: (1) Programa de outsorsing, donde se delegue la gestión de recuperación de toda la cartera problemática. (2) Trasladar a esa empresa todas las cuentas individuales que hayan alcanzado los niveles de riesgo clasificado por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras como: Riesgo Real de Pérdidas Esperada (Categoría C); Alto Riesgo de Pérdidas Significativas (Categoría D); Créditos Irrecuperables (categoría E). (3) Esta empresa deberá contar con un sistema automatizado y altamente tecnificado de recuperación de cartera. (4) Reestructurar los saldos insolutos de acuerdo a la capacidad de pago de la clientela. (5) Se deberá de propiciar fuente de pago a la clientela que la requiere, y que demuestre posibilidad del repago total y otorgue garantías satisfactorias. (6) Tener conciencia de que el proceso de recuperación de los saldos deudores reestructurados o no, puede ser a largo plazo. (7) Ambas partes deberán ajustarse a la tasa activa y otros cargos a cobrar, permitida por la legislación pertinente. (8) Se deberá establecer una condición crediticia especial para todas las cuentas que efectúen arreglos de pagos documentados.
