Ni la donación de los buses, ni las irregularidades que se prodigan en las obras de la Alcaldía de Managua, ni el incumplimiento de algunos funcionarios en la entrega de sus declaraciones de probidad, como el reciente caso de Steadman Fagoth; ninguno de esos casos es prioridad para la Contraloría General de la República (CGR).
Ayer, sólo un miembro de la Contraloría tuvo la idea de pedir información al Ministerio de Hacienda sobre la donación de los buses rusos, los que terminará vendiendo la cooperativa de crédito y ahorro Caruna, ligada al gobernante Frente Sandinista. Al resto de los contralores simplemente no les importó.
“La posición de ellos era que esperáramos la decisión que se va a tomar sobre los buses”, reveló el presidente de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy.
Argüello Poessy ofreció estas declaraciones después de la reunión de todos los jueves de los cinco contralores, divididos entre liberales y sandinistas.
El presidente de la CGR dijo el martes pasado, en la comisión de probidad del parlamento, que la donación de 130 buses había sido para Caruna.
Caruna es una cooperativa de crédito y ahorro, ligada al partido sandinista, que logró triplicar sus activos hasta alcanzar la cifra de 26.4 millones de dólares entre 2006 y 2008, de acuerdo con datos oficiales del Sistema Financiero publicados por LA PRENSA en octubre del año pasado.
Ese período comprende la etapa de campaña electoral en que el sandinista Daniel Ortega ganó la Presidencia de la República, y los años (2007 y 2008) en que el gobernante venezolano Hugo Chávez ha dado aportes económicos a Nicaragua que Ortega ha manejado a través de su partido, el Frente Sandinista (FSLN).
RAZONES DEL CONTRALOR
Por ser una sociedad privada, Argüello Poessy justificó que los contralores no podían pedir ningún tipo de información sobre los buses, pero las declaraciones del gerente de Caruna, Manuel Aburto, de que los buses fueron donados al Estado, dejaron entrever que pudo tratarse de un argumento de Argüello Poessy para que la Contraloría no se metiera en el negocio de la cooperativa sandinista.
Caruna nació en 1993 con un capital de 3 mil dólares, según Aburto. Aún no está claro por qué el negocio de los buses será canalizado a través de esa entidad.
RUSOS NO DICEN NADA
La Embajada de Rusia en Managua comunicó que no ofrecerán declaraciones a los medios de comunicación hasta la próxima semana, porque “el Embajador tiene la agenda muy apretada”.
Sin embargo, el gerente de Caruna aseguró al Canal 4 de televisión, propiedad de la familia del presidente Ortega, que la donación es de Estado a Estado.
Aburto confirmó que Caruna administrará el fondo de más de tres millones de dólares, que resultará de la venta de los autobuses.
Según Aburto, ese dinero será un capital semilla para la compra de más unidades que beneficiarán supuestamente al sector transporte a nivel nacional.
“La Federación rusa tiene un convenio de donación con el Gobierno de Nicaragua de 130 unidades de buses que van a ser administradas por Caruna, en coordinación con el Irtramma (Instituto Regulador del Transporte Intermunicipal de Managua). El Irtramma selecciona las cooperativas, las clasifica, cuáles son las que tienen capacidad económica, cuáles son las que tienen más necesidad, cuáles son las que cubren más personas. Son cien mil personas las que se van a beneficiar con los buses nuevos y siete las cooperativas seleccionadas. Van a ser a un plazo de ocho años, con un dos por ciento anual. El precio que pagarán por los buses son 25 mil dólares. Con eso no se cubre más que los costos, no hay ganancias”, explicó el gerente de Caruna.
De acuerdo con el funcionario de la cooperativa, actualmente están financiando a más de 100 cooperativas de transporte a nivel nacional para la compra de llantas, baterías, el cambio del sistema de combustión de gasolina a gas y las barras de control electrónico.
LA PRENSA tenía días de estar buscando a los funcionarios de Caruna, que es una especie de banco paraestatal, pero hasta su vocera, Martha Oporta, se había negado a dar declaraciones.
CGR NO SE METE EN NADA
Pese a las dudas que aún persisten, el presidente de la CGR siguió dando largas a una posible intervención de la Contraloría en la donación de buses rusos.
Argüello Poessy preguntó quién había recibido en nombre del Gobierno la donación, obviando que había sido el mismo Presidente de la República, Daniel Ortega, quien se subió en una de las unidades donadas en la plaza La Fe, acompañado del embajador ruso en el país.
“Si fue una donación al Estado la debió haber recibido el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué Alba Caruna lo está vendiendo? ¿Acaso el Presidente de la República tiene facultades para eso (dárselos a Caruna y que éste forme un fondo semilla). Las cosas tienen que ser claras”, dijo Argüello Poessy.
Pero en términos concretos no hay una sola solicitud para cuestionar a los funcionarios del Gobierno ni pedirle explicaciones sobre este negocio.
En las últimas comparecencias, la Contraloría ha prometido únicamente enviar a la dirección jurídica algunos documentos legales que comprometen al Gobierno.
Así ocurrió con el contrato con que el Ministerio de Energía y Minas le adjudicó una licencia de 25 años a la sociedad Albanisa, manejada por el tesorero del FSLN, Francisco López.
Albanisa ha tenido un crecimiento vertiginoso en negocios distintos, como el hotelero, el ganadero y el petrolero; y ahora se quiere meter a producir energía.
RESULTADOS DESCONOCIDOS
Hasta hoy, los resultados de esos análisis son desconocidos.
Argüello no ha dado a conocer ninguno de ellos y ni siquiera se sabe si en realidad se hicieron. Lo único que se sabe es que no hay fondos para realizar auditorías en casos delicados, como los denunciados por LA PRENSA en los últimos días sobre los manejos irregulares en la Alcaldía de Managua.
Al contralor no parece importarle que el martes pasado un concejal conservador, Luciano García, denunciara ante la CGR que sólo uno de 26 proyectos de infraestructura, que debieron haber concluido entre marzo y abril, ha llegado a feliz término.
Suman entre todos los proyectos 73 millones 280 mil 712 córdobas, de un paquete de 180 millones que el Concejo Municipal aprobó para que se contratasen sin ninguna licitación.
De acuerdo con la denuncia de García, se cambió la ficha técnica de 13 proyectos que apenas están iniciando.
Esos proyectos están siendo construidos con materiales de menor calidad, como fue el caso del mejoramiento vial del barrio Lomas de San Judas, donde no se apreciaba la base tal como había dicho la ficha técnica.
Argüello Poessy dijo que no había dinero en la CGR para hacer una auditoría en la comuna y hasta se ofendió con la pregunta.
“¡Dios mío! ¿Todavía no estás claro qué significa hacer una auditoría a 26 proyectos? ¿Cuánto dinero necesitaríamos? Trasladamos la denuncia de García a Denuncia Ciudadana y veremos qué procede”, declaró el Contralor al parecer sepultando cualquier intención de investigar el caso.
La directora de Denuncias Ciudadanas, Ericka Martínez, le informó al concejal Luciano García que le dieron un plazo de 15 días hábiles a los miembros del Concejo de la Alcaldía de Managua para que envíen toda la información sobre los contratos suscritos, conforme al detalle de proyectos irregulares denunciados por el concejal conservador.
EL CASO FAGOTH
Los contralores tampoco quisieron meterse, tras la sesión de ayer, con los funcionarios que no han cumplido con la entrega de la declaración de probidad.
Argüello Poessy dijo que no “pueden” hacer nada, respecto a la ilegalidad con que ostenta su cargo el presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (Inpesca), Steadman Fagoth.
Fagoth no ha presentado hasta ahora su declaración de probidad, como manda la ley, pese a dos recordatorios que le han hecho llegar desde la oficina de la Dirección de Probidad de la CGR.
Argüello Poessy nuevamente ha argumentado que un funcionario que no ha presentado su declaración de probidad no debería tomar posesión de su cargo, según lo establecido en el artículo 130 de la Constitución del país.
“Ésa es una opinión personal, que no es compartida por los miembros del Concejo, porque no pudimos sacar ninguna resolución”, admitió el presidente de la CGR.
Argüello Poessy explicó que no existe ni una sola medida en la Ley de Probidad de los servidores públicos que indique qué se puede hacer cuando un funcionario incumple con su obligación. Aunque el jurista Gabriel Álvarez considera que el contralor hizo una interpretación superficial de la ley.
“Si bien es cierto que dicha ley no dice qué sanciones implementar, en caso que haya funcionarios que ocupen sus cargos de forma ilegal, hay muchas normativas en Nicaragua que pueden ayudar a encontrar una salida a este caso. La CGR está incurriendo en irresponsabilidad y está teniendo una actitud condescendiente para justificar actitudes ilegales”, afirmó Álvarez.
FAGOTH FUE SEÑALADO
Lo más delicado del caso Fagoth es que él ha sido señalado de turbios manejos en Inpesca. Luego de una serie de publicaciones de LA PRENSA, denunciando esas irregularidades, la CGR mandó a hacer una auditoría especial que apenas inició la semana pasada.
Argüello Poessy, sin embargo, se declara también de brazos caídos con relación al director de Inpesca.
¿Y qué hay que esperar? ¿A que dé la declaración de probidad cuando quiera?, le preguntamos a Argüello Poessy.
“Es que la ley no la da, porque la premisa mayor es que no debe tomar posesión del cargo”, argumentó el Contralor.
Pero lo asumió, está en el cargo, le recordamos.
“No es él, no debió habérsele dado el cargo. La ley no da ninguna sanción para el que está en el cargo”, insistió Argüello Poessy.
Entonces, ¿no se puede hacer nada al respecto?
“Bueno, pasamos más de una hora conversando sobre este tema (los contralores) y no pudimos llegar a un acuerdo”, confesó.
¿Van a seguir discutiendo esto?, le dijimos.
“Creo que ya hemos discutido demasiado...”, desistió Argüello Poessy.
REACCIONA FAGOTH
Fagoth por su parte no comentó nada sobre lo que se discutió en el seno de la Contraloría, pero tampoco explicó por qué no ha entregado su declaración patrimonial, ni cuándo lo hará.
Al ser consultado por LA PRENSA contestó con parquedad: “No voy a hacer comentarios sobre eso. Todo a su tiempo, todo a su tiempo”.
OTROS SIN DECLARACIÓN DE PROBIDAD
Argüello Poessy siguió reconociendo la falta de garra de la CGR cuando reveló que, además de Fagoth, dos altos funcionarios más de esta Administración no han rendido su declaración de probidad.
El Contralor reveló que tampoco han entregado sus declaraciones la directora general del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), María Isabel Martínez Chavarría, y el Director General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, José Zapata Chávez.
“¿Cuál es el problema? Nosotros hasta ayer (miércoles) conocimos esto. El director de probidad debería habernos comunicado desde el principio el problema que tenía con el señor Fagoth”, sostuvo.
“Yo lo que creo es que la Dirección de Probidad, además del trabajo que tiene, hay que agregarle otro trabajo más: que nos mantenga informados”, dijo con sarcasmo el Contralor, pero sin aceptar la profunda pena que causa que nadie fiscalice el debido uso de los bienes del Estado.
