La controversia entre funcionarios gubernamentales sobre la legalidad o invalidez legal de los nuevos billetes que el Banco Central de Nicaragua puso en circulación recientemente, ha venido a comprobar la necesidad de contar con un sistema de control de las leyes vigentes en el país. Por lo tanto, ha realzado la singular importancia que tiene la creación del Digesto Jurídico o Legislativo de Nicaragua, el cual fue establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en diciembre de 2006, y se encuentra actualmente en proceso de desarrollo comenzando con las leyes de los sectores energéticos y de la propiedad.
En realidad, la controversia sobre los nuevos billetes ha sido en el fondo una discusión acerca de la vigencia o no de una disposición legal relacionada con la emisión monetaria. El primer secretario de la Asamblea Nacional, diputado del PLC Wilfredo Navarro, denunció la supuesta ilegalidad de los nuevos billetes invocando el artículo 7 de la Ley Monetaria de 1992, según el cual deben de llevar las firmas del presidente del Banco Central y del Ministro de Hacienda. Por su parte, el presidente de la comisión económica legislativa, diputado del FSLN Wálmaro Gutiérrez, y el presidente del Banco Central, Antenor Rosales, alegaron que de acuerdo con el numeral 2 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Banco Central, promulgada en 1999, éste es el “responsable exclusivo de la emisión de moneda en el país…” y por lo tanto los billetes sólo deben llevar la firma de su presidente. Realmente, siendo posterior, la Ley Orgánica del Banco Central derogó de hecho la disposición contenida en la Ley Monetaria de que la firma del ministro de Finanzas o Hacienda debía ir en los billetes.
Pero en casos como éste no hay que acusar de ignorancia a nadie y menos a un jurista y legislador con mucha experiencia. Lo que pasa es que en Nicaragua hay una enorme maraña de leyes, decretos, reglamentos y otras disposiciones normativas, en la que se confunde hasta el más pintado. Por eso es necesario un Digesto Legislativo que permita saber qué leyes están realmente vigentes y cuáles no.
Según dice el Diccionario de la Real Academia Española, Digesto deriva del latín digestum y éste a su vez de digerere, que significa distribuir, ordenar. Y en su origen histórico el Digesto era una “Colección de textos escogidos de juristas romanos”, la “Colección (de leyes) reunida por orden de Justiniano I, emperador bizantino del siglo VI, llamada también Pandectas”.
Ahora bien, el Digesto Legislativo de Nicaragua que se está creando en la actualidad gracias al esfuerzo de un grupo de autorizados especialistas, “pondrá a disposición de la ciudadanía en general el acceso a un sistema jurídico confiable, ordenado, depurado y moderno con valor de ley”, según dijo al presentarlo el presidente de la Asamblea Nacional, diputado René Núñez. Mientras que la directora del Digesto Jurídico Nicaragüense, doctora María Auxiliadora Acosta, expresó que “el Digesto Jurídico Nicaragüense (dará) la seguridad jurídica a la Nación que tiene que ver con el conocimiento de la ley por parte del ciudadano, con su calidad de vida, la defensa de los derechos individuales y los deberes de todos nosotros”.
En realidad, gracias al Digesto Jurídico o Legislativo se podrá limpiar el ordenamiento jurídico del país, eliminar todo aquello que está expresamente derogado, o lo que ya es inaplicable por anacronismo o porque está en oposición con otra norma y se prefiere a una de ellas. Como un ejemplo de lo beneficioso que es el Digesto Legislativo, cabe señalar que en Argentina, de las más o menos 26 mil leyes que se examinaron al crearlo quedaron vigentes sólo unas 4 mil, de manera que se puso fin al caos jurídico, con todos los beneficios prácticos y legales que eso ha significado para los ciudadanos, para la sociedad y para el Estado.
Ciertamente, el Digesto es un instrumento para dar seguridad jurídica a la sociedad al conceder a jueces, abogados y ciudadanos la posibilidad real de encontrar rápidamente la ley o disposición normativa que se debe aplicar en cada caso; y al evitar que se aplique una norma que de hecho o por derecho ya no está vigente. De manera que es justo reconocer que entre todo lo malo que se hace en la Asamblea Nacional, también hay quienes trabajan en algo tan fundamental y beneficioso para la sociedad y los ciudadanos, como es el Digesto Legislativo.
