Marcio Antonio Marín Gómez, de 38 años de edad y residente en el municipio de San Fernando, Nueva Segovia, se convirtió el pasado 12 de mayo en el primer ciudadano que cumplirá una sentencia de dos años de prisión en el Sistema Penitenciario de Estelí por haber cometido el delito de corte, transporte y comercialización ilegal de madera de pino.
La sentencia contra Marín Gómez, emitida el 12 de mayo por el juez local de San Fernando, Gonzalo Calero, fue el final de un proceso que el Ministerio Público, a través del fiscal especial para el Ambiente, Antonio Arana, inició el 10 de febrero del presente año de conformidad a la Ley 559.
La denuncia interpuesta e investigada en la Policía señaló a Marcio Marín Gómez de haber cometido el 11 de marzo del 2008 el corte y posterior comercialización ilegal de 25 trozas de madera de pino de la propiedad de Fernando Agurcia Moncada, ubicada en el área protegida de la cordillera Dipilto-Jalapa.
Yelena Shion, fiscal departamental del Ministerio Público en Nueva Segovia, informó que en Audiencia Inicial el juez local de San Fernando admitió la acusación y valoró los elementos de prueba para establecer como día de juicio el 17 de marzo del 2009.
INCUMPLIÓ ACUERDOS
Sin embargo, dijo Shion, durante las etapas del proceso la defensa estableció pláticas con el Ministerio Público para constituir un acuerdo, que en derecho es la admisión o aceptación de los hechos o del delito de parte del procesado.
El artículo 52 de la Ley 559 habla de la suspensión de la pena de prisión, siempre y cuando se cumpla con las obligaciones de mitigación, restauración, reparación del daño y otras responsabilidades.
El acuerdo asumido por el acusado establecía al 20 de abril del 2009 el pago de 16 mil córdobas a la víctima Fernando Agurcia Moncada; además de sembrar a partir de agosto y finalizando en octubre del 2009, 1 mil 111 plantas de pino en la misma área deforestada.
Las obligaciones que se dan dentro de un contrato es ley para ambas partes y es de obligatorio cumplimiento, si una de las partes no cumple, el contrato desaparece, recordó la fiscal departamental.
Marcio Marín no cumplió con el pago al 20 de abril, por lo que el Ministerio Público procedió a pedirle al juez que dictara la sentencia condenatoria.
