Los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sentaron en “el banquillo” a tres magistrados del Tribunal de Apelaciones de Chontales, por amparar a productores chontaleños del Movimiento No Pago.
Los magistrados Arturo Elí Tablada, María Haydée Montiel y José Luis Díaz, del Tribunal de Apelaciones de Chontales, admitieron un recurso de amparo de un grupo de productores chontaleños, en contra de un proceso judicial por mora entablado por un banco en Carazo y con esta decisión ordenaron a la vez detener todo proceso judicial en contra de deudores que no sea en su lugar de residencia.
“(Mandar a detener los juicios) es una facultad con costo de la Corte, obviamente la Asamblea Nacional no se ha pronunciado sobre eso, pues entonces tuvimos la reunión con ellos para aclararles que había que reconsiderar esa decisión y que fueran cuidadosos en estos amparos, que trataran de ver si los amparos se están produciendo porque los productores están siendo demandados fuera del domicilio de ellos”, dijo el magistrado Rafael Solís, miembro de la Sala Constitucional.
Agregó que sobre el tema de las demandas de los bancos a los morosos fuera del domicilio de éstos hay una discusión en la Corte todavía pendiente, para decidir si de una vez por todas se deja establecido que el domicilio de la persona sea el único que establezca el lugar donde se puedan presentar los juicios.
“Más allá incluso de lo que dice la Ley de Bancos, que le faculta al banco ir a demandar a una persona fuera de su domicilio”, expresó Solís.
El judicial indicó que la resolución del Tribunal de Apelaciones de Chontales ya está siendo rectificada y que en el mes de junio se emitirá una sentencia en la Sala Constitucional aclarando ese problema.
