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Managua, 27/05/2012 8:59 AM
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La juez Margarita Romero mostró el expediente del caso Byron Jerez, en el que se le indemniza por varios millones de córdobas. Ni la PGR ni la Fiscalía presentaron recurso de casación. (LA PRENSA/ M. LORIO)
Estado desprotegido, deberá pagar a Jerez
Sentencia que ordena pagar millones de córdobas a ex titular de la DGI ya está firme, porque PGR y Fiscalía no recurrieron de casación
Dinero aún no ha sido pagado, pero ya no hay “vuelta atrás”
Eduardo Cruz Sánchez
nacionales@laprensa.com.ni
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Juez Margarita Romero aclara

La juez titular del Juzgado Quinto Distrito de lo Civil de Managua, Margarita Romero, aclaró que no fue ella quien giró el oficio en el que se ordena al Ministerio de Hacienda indemnizar a Byron Jerez, sino que fue su suplente, el juez Roberto Villagra.

Romero recordó que como bien dicen las notas publicadas en los diarios, la resolución se origina en una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua que confirmó el fallo emitido en su momento por la entonces juez Quinto de Distrito Civil doctora Ligia Rivas.

La judicial pidió a los encargados del sistema informativo del nuevo modelo de gestión judicial que corrijan el error que le adjudica a ella la resolución y lamentó que su nombre se vincule a una actuación judicial que no ha realizado.

Otras causas “vivas”

En su respuesta a las publicaciones sobre la indemnización a Byron Jerez, el procurador Hernán Estrada indicó que el titular de la DGI tiene tres juicios que todavía están “vivos”, y mencionó los casos Banic, el mismo de las “camionetonas” por el que está siendo indemnizado, y el caso de los cuadraciclos del IDR.

La magistrada sandinista Rafaela Urroz, miembro de la Sala Civil Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) y quien proyectó la sentencia que confirma una jugosa indemnización al ex director de la DGI, Byron Jerez, explicó que se mandó el expediente del caso al Juzgado Quinto Distrito de lo Civil de Managua porque ninguna de las partes, Procuraduría y Fiscalía, recurrieron de casación para tratar de revertir la resolución.

De esa manera la sentencia queda firme y es irreversible el pago de más de 12 millones de córdobas más intereses, que el Estado tendría que entregar a Jerez por más de 25 vehículos que le fueron intervenidos judicialmente en el caso de “las camionetonas”.

El magistrado sandinista Rafael Solís y el procurador General de la República, Hernán Estrada, salieron al paso ayer diciendo que todavía se puede evitar el millonario pago a Jerez.

“La Procuraduría interpuso las acciones judiciales para impugnar las maniobras dirigidas a afectar al Estado de donde quiera que éstas se puedan originar, o cualquiera sea la motivación oculta o abierta; tal como ha sido en este caso”; y que “esa causa, conocida como la de los ‘camionetazos’ se encuentra viva” afirmó el procurador Estrada.

Pero Juana Rosa Montoya Palma, representante legal de Jerez, indicó que el procurador Estrada olvida que hay términos para presentar los diferentes recursos y que ni la Procuraduría ni la Fiscalía lo hicieron, con lo cual estaban diciendo que aceptaban los términos de la sentencia emitida por la Sala Civil Uno.

Explicó que el Juzgado Quinto Distrito de lo Civil de Managua ya libró una ejecutoria para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público pague a Jerez su indemnización.

“La sentencia ya está firme, Estrada lo sabe”, dijo Montoya Palma.

QUIEREN DESPRESTIGIAR AL PODER JUDICIAL

El magistrado Rafael Solís indicó que los medios de comunicación quieren desprestigiar al Poder Judicial dando a conocer la indemnización a Jerez, quien fue acusado junto al ex presidente Arnoldo Alemán por actos de corrupción, pero ambos ya están sobreseídos.

Solís dijo que en todo caso el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tiene la última palabra referente a cuánto es el valor real de los 25 vehículos que le van a indemnizar a Byron Jerez.

En el oficio que envió el Juzgado Quinto Distrito de lo Civil al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, además de la indemnización de los 12 millones de córdobas para el ex director de la DGI, también le ordena que le pague intereses.

“Sumándoles además el cálculo de los intereses acumulados desde la fecha de la intervención (2002) hasta el efectivo pago por la indemnización de los referidos bienes; todo de conformidad con la tasa de referencia bancaria para préstamos entre particulares usada por el Banco Central de Nicaragua (BCN) en la fecha en que se realizó la intervención judicial”, dice el oficio.

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