Todos los trabajadores que ganan salario mínimo, a excepción de los que laboran en empresas sujetas a régimen fiscal (zona franca), perdieron una quincena de ajuste salarial con el más reciente acuerdo del salario mínimo, firmado el pasado jueves.
Según indica la Ley 625, Ley del Salario Mínimo, “el salario mínimo se fijará cada seis meses atendiendo a las modalidades de cada trabajo y el sector económico”.
Antes del jueves, la última fijación se hizo a finales de septiembre del año pasado y se hizo efectiva a partir del 1 de octubre del mismo año. Si se cuentan seis meses a partir de esa fecha, el salario fijado en septiembre era válido hasta el 30 de abril de este año, o sea, que el nuevo salario debió ser efectivo a partir del 1 de mayo de este año.
Sin embargo, según el acuerdo firmado hace dos días, los trabajadores ganarán un salario reajustado a partir del 15 de mayo, y se verá reflejado en el pago de quienes ganan quincenal hasta el 30 de mayo.
Ahí se ven afectados quienes laboren en el sector agropecuario, pesca, minas y canteras; industria manufacturera, electricidad, gas, agua, comercio, restaurantes, hoteles, transporte, almacenamiento, comunicaciones, construcción, establecimientos financieros y seguros, servicios domésticos y personales.
Los únicos trabajadores que no sentirán este vacío en la última negociación son los que laboran en empresas de zona franca, pues para ellos el ajuste salarial fue retroactivo. Se hizo efectivo a partir del 1 de mayo.
En este caso el ajuste fue de un ocho por ciento, el cual fue acordado en marzo pasado.
LARGAS SESIONES ATRASAN
Tanto el sector privado como los sindicatos consideran que las largas negociaciones, sobre el pago mínimo, provocan que los trabajadores reciban más tarde su ajuste salarial.
La Ley 625 indica que una vez instalada la Comisión Nacional del Salario Mínimo, queda un máximo de 60 días para discutirlo, pero las últimas dos veces los sectores tardaron el tiempo máximo, retrasando el ajuste.
El sindicalista Luis Barbosa dice que el aumento se debería hacer efectivo de forma retroactiva a partir del inicio de las negociaciones, para que los trabajadores no sean afectados.
“Nosotros deseáramos que (las negociaciones) fueran de 15 días continuos”, afirmó.
El representante del sector privado, José Adán Aguerri, dijo por su parte que los empleadores también consideran que las negociaciones no deben tardar dos meses.
Sin embargo, el retraso se debe siempre a que los sectores tardan en consensuar el porcentaje de aumento.