La semana pasada, el diario inglés Daily Telegraph informó sobre los cuantiosos gastos personales de los miembros del Parlamento (algunos de los cuales son a la vez ministros), que cargan al presupuesto público, entre los que se incluyen hasta compras de alimentos para mascotas, muebles de lujo y sueldos de jardineros. Gracias al Daily Telegraph, se ha conocido que el año pasado los 646 diputados que integran la Cámara de los Comunes cobraron 134 millones de dólares por prestaciones y gastos personales, aparte de sus sueldos regulares; y que, insólitamente, las normas del Parlamento permiten a los parlamentarios recibir compensaciones por gastos en una segunda vivienda y cuando duermen fuera de sus casas, así como equipamiento de alfombras, cortinas, aparatos electrodomésticos y pagos de alquileres, entre otros diversos beneficios a cuenta del erario.
El jefe del Gobierno y líder del gubernamental Partido Laborista, Gordon Brown, reconoció públicamente las denuncias y pidió perdón a todos los británicos. “Quiero disculparme en nombre de los políticos y de todos los partidos por lo que pasó en los últimos días”, dijo Brown, quien agregó que “debemos demostrar que cuando se cometieron errores y éstos han sido descubiertos, deben rectificarse inmediatamente”. Y precisó el Primer Ministro británico que “la confianza es el valor más preciado y la profesión política debe genuinamente existir para servir a la población en sus necesidades futuras”.
Por su parte, el líder de la oposición y del Partido Conservador inglés, David Cameron, probablemente el próximo Primer Ministro, también reconoció la culpa de los políticos por los abusos con los fondos públicos y pidió a todos que pidan perdón a la sociedad por los errores cometidos y que se comprometan a cambiar las normas que permiten esos abusos.
¡Cuánta diferencia con los políticos gobernantes de Nicaragua! Aquí, por ejemplo, se denuncia el incremento significativo de la asignación presupuestaria para gastos en la residencia particular de Daniel Ortega, que es también sede del FSLN y casa de gobierno, mientras fueron reducidas las partidas para salud y educación pública entre otros rubros de gran interés y necesidad social, y no pasa nada.
También se ha denunciado el escandaloso lujo en que vive el empleado público Roberto Rivas Reyes, presidente del Consejo Supremo Electoral , y su incumplimiento de la ley que manda a todos los funcionarios estatales de alto rango a declarar sus bienes, antes de asumir los cargos y para tener derecho de ejercerlos, y tampoco ocurre nada.
Igualmente se ha informado que la cuantiosa cooperación externa venezolana es cargada a la deuda pública, pero sus beneficios son para empresas operadas por personas muy allegadas al gobierno de Daniel Ortega; y así mismo se han denunciado las millonarias compras y adquisiciones directas, que hacen diferentes entidades del Estado obviando el trámite de las licitaciones establecido en la ley, lo que induce a sospechar que algunas personas obtienen pingües beneficios por la mediación sin control público, ni estatal ni periodístico, pero todo sigue igual.
Se ha demostrado la falsedad del anuncio del presidente Daniel Ortega, de que reduciría sustancialmente su sueldo y el de los altos funcionarios gubernamentales, y sin embargo quedaron igual o fueron aumentados con el pretexto de que la medida se aplica a los salarios “brutos”, no a los sueldos e ingresos “netos”, y los gobernantes más bien se burlan de los periodistas que demostraron la falacia.
De manera que en Nicaragua, a diferencia de Inglaterra, en vez de reconocer los abusos, pedir perdón públicamente y rectificar los errores, los gobernantes más bien insultan y amenazan a los medios de comunicación y a los periodistas.
En ambos casos esos abusos son actos de corrupción. Pero se podría decir que Inglaterra se puede dar el lujo de pagar los privilegios de sus gobernantes, porque es uno de los países más ricos del mundo, cuyo Producto Interno Bruto por habitante fue el año pasado de 35,300 dólares, mientras que el de Nicaragua, el segundo país más pobre de América Latina, fue de apenas 3,200 dólares. Por eso es que aquí la corrupción más que un abuso gubernamental es un crimen de lesa humanidad, porque los gobernantes corruptos le roban a gente extremadamente pobre y absolutamente indefensa, a una población que sólo conserva la esperanza de que alguna vez en este país se pueda hacer justicia.
