El Presidente de Honduras, Manuel Zelaya, se encontraba ayer enfrascado en un enfrentamiento con la Fiscalía, en relación a la “consulta popular” que pretende llevar a cabo en junio, cuya nulidad ha sido solicitada por ese organismo.
Zelaya pretende consultar a los hondureños si están de acuerdo o no con la colocación de una cuarta urna en las elecciones generales de noviembre próximo, para que los votantes decidan si quieren una reforma a la Constitución, cuyo contenido no es del todo claro. Algunos analistas creen que lo único que Zelaya busca es establecer la reelección presidencial.
El Ejecutivo insiste en la ilegalidad de la petición del Ministerio Público, alegando que dicha entidad está diseñada exclusivamente para el ejercicio obligatorio de la acción penal pública.
Ayer en conferencia de prensa, el fiscal general Luis Rubí y sus asesores refutaron los cuestionamientos de Casa Presidencial y reiteraron “su firme determinación de ejercitar todas las acciones y recursos legales, orientados al cumplimiento de su deber de defender la Constitución y las leyes, de las cuales se deriva el Estado Constitucional de Derecho”.
ZELAYA RETA A QUE LO METAN PRESO
Rubí dijo que el Ministerio Público procederá con las acciones administrativas necesarias para quienes promuevan la cuarta urna en Honduras.
El mandatario hondureño Manuel Zelaya retó al fiscal general para que “proceda” a meterlo preso. “Tendrían que meter presas a un millón de personas, que van a ir a marcar que sí quieren ser consultados”, señaló.
“¿Van a meter a la cárcel al Presidente?”, preguntó Zelaya, afirmando que la Policía no cooperará ante un acto de ilegalidad.
“Vivimos en un Estado de Derecho y las resoluciones de los tribunales son de cumplimiento obligatorio de las autoridades. Esperamos que la Policía cumpla con su papel y queremos expresarle que no creemos que la Policía se haya vuelto el guardaespaldas del Presidente de la República, porque va a tener que decidir entre estar protegiéndolo o estar al lado de la Constitución y las leyes”, fue la respuesta de Rubí a las declaraciones del mandatario.
“La demanda (de nulidad) se mantiene en firme y compete a esta institución velar por el respeto de la ley, y de los derechos, conforme a los artículos 1, y 16 de la Ley del Ministerio Público”, detalló Rubí.
En conferencia de prensa, el gobernante y sus asesores calificaron la acción del Ministerio Público como una “aberración jurídica”, porque el decreto que ordena la consulta en junio no se ha publicado en el diario oficial La Gaceta.
“Qué difícil es en Honduras querer buscar consenso cuando se trata de transformaciones históricas para el país. Qué miedo se le puede tener a una sociedad, la cual quiere ejercer el derecho de la transparencia, el derecho de que el pueblo sea consultado, de que la gente pueda opinar por primera vez en Honduras”, añadió Zelaya.
