El presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, sigue siendo el funcionario más “blindado” del país. En un solo día, dos de las instituciones más importantes trataron con “paños tibios” aparentes actuaciones irregulares del magistrado electoral. Ayer se descubrió que Rivas Reyes asumió ilegalmente su cargo al frente de ese poder del Estado, ya que no presentó su declaración de probidad actualizada a la Contraloría General de la República (CGR), tal y como establece la Ley de Probidad de Funcionarios Públicos en su artículo 12.
También se informó que la Fiscalía General de la República decidió “archivar” la denuncia en contra del magistrado Rivas Reyes presentada por el abogado Gustavo García Prado por los supuestos delitos de peculado, defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito.
Ayer por la tarde se llamó al teléfono móvil del vocero del CSE, Félix Navarrete, para obtener una versión de Rivas Reyes, pero el primero no respondió los mensajes.
La última vez que el magistrado Rivas presentó su declaración de probidad fue hace nueve años. Pese a esta irregularidad, conocida por la Contraloría desde hace casi un año, las autoridades del ente fiscalizador no deciden todavía sancionar o no al magistrado electoral.
La Dirección de Probidad del ente fiscalizador mandó, el 27 de mayo del 2008, una correspondencia al magistrado Rivas, en la cual se le informaba que no estaba en los archivos de la institución su declaración de probidad actualizada y que éste tenía que presentarla; pero al parecer no hubo respuesta.
“Yo lo que no quiero es que se piense que hay de parte de algún funcionario de esta Contraloría el deseo de causarle algún tipo de molestia o inconveniente al licenciado Roberto Rivas Reyes. Si él tiene su declaración de probidad, ¡pues que la traiga aquí!”, respondió el presidente del ente fiscalizador, el contralor Guillermo Argüello Poessy, cuando se le hizo ver que la situación ya tenía casi un año de ser conocida por la institución que él preside.
CONTRALOR ADMITE
Pero, seguidamente, el mismo contralor reconoció que Rivas Reyes asumió el cargo ilegalmente, al reiterar lo establecido en la Ley de Probidad de los Funcionarios Públicos.
“Todos los servidores públicos estamos obligados a presentar nuestra declaración de probidad. Dice la ley que ni siquiera podemos asumir el cargo si no hemos presentado la declaración de probidad, eso dice la ley”, reconoció Argüello Poessy.
NO HABLAN DE SANCIONES
No obstante, el contralor no quiso pronunciarse con firmeza acerca de las sanciones que le podrían aplicar al magistrado electoral por no actualizar su declaración de probidad y no descartó que el informe de Rivas Reyes esté “traspapelado”.
“Al parecer, nos ha informado el director de Probidad que no presentó su declaración de probidad. El magistrado Rivas dice que sí, pero no ha traído ninguna documentación pertinente. Ojalá que no se haya perdido aquí. Puede ser que a lo mejor aquí la tengan traspapelada, confundida, no sé, son 23 mil declaraciones de probidad las que tenemos”, agregó.
Rivas Reyes fue reelecto como presidente del CSE en el 2005, como parte del combo de acuerdos establecidos en el pacto político entre el Frente Sandinista y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Ya lleva 14 años como titular del Poder Electoral. Su período se vence en el 2010.
Fue durante una revisión de rutina, como parte de la verificación de las declaraciones de probidad de los principales funcionarios públicos que realiza el ente fiscalizador, que se descubrió que el último informe en ese sentido presentado por el magistrado electoral data del 2000.
LAS PROPIEDADESDE RIVAS REYES
Investigaciones periodísticas del Diario LA PRENSA han descubierto que el magistrado Rivas Reyes usa un avión privado para viajar constantemente, incluso en días laborables, a Costa Rica, donde tiene una mansión valorada en más de un millón de dólares. También posee un islote frente al astillero El Diamante (en Granada) y una casa de verano en Playa Hermosa.
Todo esto supuestamente lo ha costeado con un salario de cinco mil dólares mensuales como magistrado electoral y los réditos que le produce una finca cafetalera en Matagalpa, de 1,500 manzanas de extensión y que produce, según el mismo Rivas Reyes, 6,500 quintales de café oro.
ARCHIVAN DENUNCIA
El abogado Gustavo García Prado confirmó que fue notificado por el Ministerio Público de su decisión de archivar la denuncia que introdujo en febrero pasado en contra del magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas Reyes.
El alegato de parte del Ministerio Público para mandar archivar la denuncia fue que nunca hubo un proceso de auditoría por los delitos de fraude, peculado, entre otros, pero no se pronunció sobre el punto referido al enriquecimiento ilícito, por el que García Prado acudió ante esa institución.
Tras esta decisión de la Fiscalía, el abogado García Prado no descartó que pueda recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para denunciar el caso, una vez que se pronuncie la Contraloría General de la República, pues aunque podría introducir una acusación directamente en los juzgados, sería la Procuraduría la que debe acusar en representación del Estado de Nicaragua, “y no creo que tampoco haga nada, porque es protegido del señor Daniel Ortega”, destacó García Prado.
“Aquí se ha dejado al pueblo de Nicaragua en la indefensión después de las arbitrariedades de corrupción que está este Gobierno cometiendo”, añadió el denunciante.
LO QUE CITA LA DENUNCIA
En parte de su denuncia introducida el 17 de febrero pasado, el abogado señala: “Investigaciones hechas sobre el presidente del Consejo Supremo Electoral, ciudadano Roberto Rivas Reyes, revelan cómo de una manera exorbitante y sin justificación alguna ha incrementado su patrimonio tanto económico como real, enriqueciéndose de una manera dudosa e ilegal mediante actos de tráfico de influencias, lo cual ha perjudicado al Estado de Nicaragua”.
“Era una decisión de esperarse, pues hay una protección al señor Roberto Rivas, de todos los despilfarros que han habido”, dijo García Prado, quien recordó que existen evidencias sobre la introducción de un yate por parte del presidente del CSE con una exoneración, “cuando no tenían por qué exonerarlo”.
El abogado García Prado dijo que la Fiscalía está mandando a investigar a otros funcionarios de gobiernos anteriores, “y no con este funcionario... Es desastroso de carácter moral y de carácter jurídico, para el pueblo y para el Gobierno de Nicaragua”.
PERIODISTA LA PIDIÓ
La declaración de probidad actualizada del magistrado Rivas Reyes ha sido uno de los secretos mejores guardados.
A mediados del año pasado, el periodista de LA PRENSA, Eduardo Cruz, solicitó una copia de la declaración de probidad de Rivas, dado su carácter de funcionario público y en apego a Ley de Acceso a la Información, pero la Contraloría rechazó el pedido, argumentando que el magistrado electoral no autorizó que se hiciese pública la información.
El diputado liberal José Pallais calificó de “gravísimo” el que la Contraloría informe hasta ahora sobre la declaración de probidad de Rivas.
“Sería una irresponsabilidad absoluta que alguien haya tomado posesión de su cargo sin haber entregado la declaración de probidad. La consecuencia es la nulidad de ese acto, es decir, la inexistencia del mismo; la consecuencia es que Roberto Rivas ya no es magistrado, menos presidente del CSE”, opinó Pallais.
