En la nueva legislación sobre telecomunicaciones que se ha comenzado a discutir en la Asamblea Nacional, los proponentes pretenden establecer que la asignación de frecuencias radiales sea por subasta o licitación, lo que afectaría gravemente el derecho de propiedad de las radioemisoras y el pluralismo radiofónico. Por eso con justa razón los empresarios radiales fueron a la Asamblea a manifestar a los diputados su firme rechazo a semejante pretensión.
En realidad, es cierto que establecer en la nueva ley de telecomunicaciones que las frecuencias radiales serán sometidas a licitación o subasta, o sea, asignadas al mejor postor, atropellaría los derechos adquiridos de los empresarios radiales, algunos de los cuales tienen decenios de operar en ese ramo. Como ellos mismos lo han advertido, eso facilitaría la concentración monopólica de la industria radiofónica, como ha ocurrido en Guatemala, donde, según informó el empresario de radio Miguel de Jesús Blandón, todo el espectro radial del país está en manos de cuatro grandes grupos económicos.
Por su parte, don Fabio Gadea Mantilla, quien es uno de los más antiguos y prestigiosos empresarios radiales de Nicaragua, señaló al respecto en su columna del martes de esta semana en LA PRENSA, la cual fue titulada “SOS radiofónico”, que de aprobarse la asignación de frecuencias radiales por medio de subasta o licitación, un dueño de emisora que pasó 20 años o más construyendo una institución de servicio público “al cabo de ese tiempo podrá perderla de un plumazo”. Además, advierte el señor Gadea Mantilla, director general de Radio Corporación, que: “Si un político poderoso o el Gobierno mismo quieren acabar con una emisora que los critica, podrán obtener la frecuencia mediante cualquier testaferro ofertando una cantidad que el dueño de la emisora no pueda pagar. Es decir, que aquel que ha trabajado una empresa por veinte años será despojado mediante la pérdida de su frecuencia”.
Pero la asignación de frecuencias radiales por medio de subasta o licitación, no sólo le podría causar un grave daño a los empresarios radiales. También significaría una flagrante violación al pluralismo radial y a la democracia radiofónica, lo cual perjudicaría a todos los ciudadanos, que tienen derecho a escuchar las radioemisoras que ellos quieran, no las que el Estado mediante la ley les quiera imponer.
No cabe ninguna duda de que es necesario actualizar la legislación sobre telecomunicaciones, a tenor de los muchos y grandes cambios tecnológicos que han ocurrido y siguen ocurriendo en ese campo. Pero la actualización de la ley de telecomunicaciones debe ser para beneficio de los ciudadanos y fortalecimiento de la libertad y la democracia, no para restringir o suprimir el pluralismo radiofónico a través de la turbia figura de las licitaciones y subastas de las radiofrecuencias.
En la Constitución Política de Nicaragua, artículo 68, párrafo tercero, se dice que: “El Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos a intereses extranjeros o al monopolio económico de algún grupo. La ley regulará esta materia”. Pero, ¿quién dice que mediante coimas a los diputados corruptos, así como por la inclinación totalitaria de los actuales gobernantes, las frecuencias radiales no podrían ser acaparadas por intereses extranjeros y monopolistas, a través de testaferros?
La actualización de la ley de telecomunicaciones no debe servir de pretexto para atentar contra el pluralismo radial y televisivo. Monopolizar las comunicaciones radiales y de televisión, abiertamente o por medio de testaferros, lesionaría el derecho de propiedad de los empresarios radiales pero también atentaría contra la libertad de las personas de entretenerse e informarse por los medios de su gusto y su libre escogencia. El sistema de licitación y de subasta para asignar las frecuencias radiofónicas conduciría a la monopolización de la industria y del servicio público radial, y también sería otro avasallamiento a los empresarios radiales, un nuevo atropello a las audiencias radiofónicas y un irrespeto a la libertad de información y de comunicación.
Probablemente algunos diputados que se dicen demócratas, pero andan a la caza de coimas a cambio de aprobar cualquier barbaridad antidemocrática, no se dan cuenta del alcance de esa medida que quieren imponer y de que tras la intención de eliminar el pluralismo radiofónico hay una mentalidad fascista. Pero los verdaderos demócratas no deben aceptar que el Gobierno se adueñe directa o indirectamente de un espacio comunicativo que de ningún modo le pertenece. Las frecuencias radiales son y deben seguir siendo un espacio de libertad.
