En un encuentro con el Cardenal hondureño, Su Eminencia Oscar Andrés Rodríguez, con motivo de una reunión de ministros del Trabajo de Centroamérica y República Dominicana, celebrada en Tegucigalpa, Honduras, él manifestó en una parte de su intervención que el patrimonio más sagrado que tiene una empresa es el trabajador. Aquellas palabras del ilustre purpurado hace consonancia con la concepción de justicia social de la Iglesia y el hacer resplandecer la protección a los derechos fundamentales de los trabajadores, basado en el espíritu emprendedor del Papa León XIII, y la encíclica Rerun Novarun, (1891), que proclama desde temprana época un trato justo al trabajador.
Los tiempos de cambio, los avances tecnológicos y las versátiles transformaciones en el mercado laboral, hacen que en muchas ocasiones se deje en el olvido el esfuerzo y sacrificio de hombres y mujeres que con su trabajo generan riquezas y estabilidad económica a la nación. Estos olvidos se hacen más marcados en el sector Estado, en donde a consecuencia de los vaivenes y cambios políticos e ideológicos provocan desilusiones profundas en el espíritu y humanismo de quienes integran la fuerza laboral.
Para lograr proteger en alguna forma la estabilidad y seguridad del servidor público, entre los años 2001 y 2006 se promulgaron varias leyes de carácter proteccionista, basadas en la capacidad y desempeño en el trabajo, en las diferentes entidades del Estado.
Entre estas leyes principales se encuentran la Ley 476, de Servicio Civil y de la Carrera Administrativa; Ley 801, de Carrera Judicial; Ley 358, del Servicio Exterior y la Ley 502, Ley de Carrera Administrativa Municipal. —Esta legislación ha abierto un abanico que debe ser eje central para la protección del servidor público en todos y cada uno de los esquemas en la rama laboral—. Ya durante el gobierno del presidente Enrique Bolaños, bajo el amparo de la Ley 476, más de ocho mil funcionarios y empleados fueron incorporados a la carrera administrativa, suponiéndose que gobiernos venideros habrían de continuar en esta loable misión.
Pero sucedió todo lo contrario; y a lo largo de estos dos últimos años ha habido despidos por doquier en las instituciones públicas, sembrando lógicos temores y gran desconfianza. Y con más escepticismo se ha palpado el hecho que funcionarios y empleados son llevados en contra de su voluntad a reuniones y concentraciones partidistas del actual régimen, siendo también que estos servidores, en un acto nunca antes visto en la historia del país, tienen que asistir a calles y rotondas, obligados a desplegar banderas del frentismo, aun cuando muchos de ellos profesan la ideología liberal u otras afines, y lo hacen por conservar el sustento de ellos y sus familias; todo esto violenta la dignidad de los trabajadores, el derecho a la libre locomoción y autodeterminación, contrariando los preceptos que sobre el particular refiere nuestra Constitución Política, el Código del Trabajo, Convención Colectiva, normas laborales y todo lo establecido en los ocho Convenios Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificada por Nicaragua.
El esquema de ir mejorando las conquistas laborales con más y mejores salarios, salario mínimo justo, generación de empleos, acceso a la canasta básica, etc., debe entenderse que es resultado de una organizada economía nacional que cubra estas aspiraciones. Durante la Administración del presidente Bolaños, en la mayoría de las disertaciones de este estadista, en inauguraciones de obras de progreso manifestaba que las mismas se hacían por el desarrollo, el bienestar y para que todos los nicaragüenses pudiéramos vivir con dignidad; y después de las palabras venía la acción, habiendo logrado el gobierno de don Enrique estructurar una sólida macroeconomía, con una envidiable reducción de la deuda externa, incremento sostenido en las exportaciones; excelentes niveles de reservas; inmejorables relaciones con la comunidad internacional, etc., se logró con éxito la negociación del Cafta y que Nicaragua ingresara como país beneficiado, al programa Cuenta Reto del Milenio, que tanta mejoría ha brindado y que en la actualidad está a punto de ser retirado, por la negativa del Gobierno de aceptar el recuento de las actas de escrutinio, para lograr transparentar las pasadas elecciones municipales, que han sido calificadas, con prueba en mano, de gigantesco fraude electoral.
Durante el gobierno del presidente Bolaños se estimuló la microempresa y se logró un índice de empleo más que aceptable; sólo en el sector de zona franca se reflejaban más de 85,000 plazas de trabajo, que paliaban a todas luces la pobreza y brindando al trabajador la oportunidad de aportar a la economía familiar. En aquella oportunidad sectores afines al actual gobierno criticaban aquel importante incremento en el empleo, aludiendo explotación y malos salarios, hoy esos mismos sectores buscan desesperadamente reducir el cada vez mayor cierre de empresas y consecuente desempleo en dicho sector, siendo que hasta hoy día se han perdido más de 15,000 plazas de trabajo con la tendencia a que se incremente esta cifra.
El país necesita urgentemente estabilidad económica, jurídica y laboral, para que se fortifiquen las aspiraciones de una población deseosa de trabajar en pro del progreso y el desarrollo nacional.
