Representantes de organizaciones populares relacionadas con la seguridad social consideran que está bien que el INSS compre empresas privadas productoras de medicamentos, como Laboratorios Ramos, si con esto se va a garantizar que los asegurados y beneficiarios del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social reciban gratuitamente las medicinas que necesitan, o por lo menos que las obtengan no tan caras que como hasta ahora.
La polémica pública sobre este tema se desató a raíz de que LA PRENSA informó, la semana pasada, que el INSS había comprado la empresa privada productora de fármacos, Laboratorios Ramos, y que estaba en tratos con otro u otros laboratorios privados con ese mismo propósito. La información se convirtió en piedra de escándalo al conocerse que la transacción con Laboratorios Ramos, que cifra más de dos millones de dólares, se hizo sin el conocimiento de la Contraloría de la nación, la cual, de acuerdo con la Ley 323, Ley de Contrataciones del Estado, debe conocer y aprobar —o rechazar— toda compra que cualquier institución pública haga por más de un millón de córdobas, unos cincuenta mil dólares más o menos.
Al respecto el presidente de la Contraloría, doctor Guillermo Argüello Poessy, declaró que la compra de Laboratorios Ramos por parte del INSS no era del conocimiento de la institución estatal de control, y que ésta debía investigar el caso “para descartar o confirmar cualquier irregularidad en todo este proceso”, según informó ayer LA PRENSA. Por su parte, el miembro del consejo directivo del INSS, Leonardo Céspedes, admitió que él “no sabía que debían informar antes a la Contraloría General de la República (CGR) sobre la compra de los Laboratorios Ramos y también sobre otras posibles adquisiciones del Estado, como la de los Laboratorios Solka, a cuyos dueños funcionarios orteguistas también les hicieron un ofrecimiento hace algunas semanas” (LA PRENSA, domingo 29 de marzo, 2009, primera página).
Otros funcionarios del Gobierno han justificado estas compras millonarias al margen de los procedimientos legales, con la coartada de que le quieren quitar el negocio de las medicinas a los empresarios privados para que el Estado lo asuma y así garantizar que la gente pobre obtenga los medicamentos que necesita. Pero si fuera cierta tan buena intención social, ¿por qué, entonces, no hacen las adquisiciones y compras de manera transparente, respetando los procedimientos establecidos en la ley? Si nadie está robando por medio de esos negocios que se hacen con los recursos públicos, ni cobrando coimas por transacciones millonarias como la compra de Laboratorios Ramos, ¿por qué no lo hacen de acuerdo con lo que manda la ley? ¿Por qué no hay licitaciones?
Como dijo el señor Donald Castillo, de la Red de Adultos y Adultos Mayores de Nicaragua, “mientras los fondos de los asegurados no se dilapiden y las personas que reciben atención médica a través del Seguro Social son favorecidas, no vemos ningún problema” (con la compra de Laboratorios Ramos y otras empresas productoras de medicinas). En el mismo sentido opinó otro miembro de dicha Red Social, el ex funcionario del INSS doctor Humberto Salvador Doña, quien “aseguró que por el momento hay que darle el beneficio de la duda al Gobierno, de que tratan de mejorar el sistema de salud de los asegurados”. “El Seguro Social —indicó el doctor Doña, quien considera que el INSS debe recuperar la estructura sanitaria que tenía antes de la revolución sandinista— no sólo debe tener laboratorios, sino que hospitales, empresas médicas provisionales, su propia estructura hospitalaria, pero en todo esto debe existir un buen control para evitar malos manejos”.
Ciertamente, la clave de todo esto radica en el control y la transparencia, algo en lo que se avanzó considerablemente durante los 16 años de gobiernos democráticos, pero en lo cual se ha retrocedido muchísimo en los dos años y dos meses y medio del nuevo gobierno “revolucionario” de Daniel Ortega, el cual está amamantando a una nueva oligarquía corrupta, voraz, inescrupulosa y extremadamente codiciosa. Y la verdad es que mientras esas transacciones millonarias con recursos públicos se sigan haciendo en forma oscura y misteriosa, la gente tiene razón de creer que alguien o algunos se están enriqueciendo ilegalmente, y que la corrupción ha vuelto a ser la característica más importante del Gobierno, como en tiempos de Alemán, como cuando la primera dictadura sandinista, igual o peor que durante el somocismo.
