La compra a hurtadillas de Laboratorios Ramos por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) ha creado expectativas en el sector de los jubilados, quienes ya se ven llenos de medicinas para curar sus males; por lo que ahora al gobierno de Daniel Ortega no le queda más que cumplir con su gastada cantaleta, a raíz de esta oscura transacción comercial, de entregarle medicinas baratas a la población.
La semana pasada funcionarios sandinistas defendieron la compra de los laboratorios, alegando que estarán en capacidad de lograr una mejor producción de fármacos para entregarlos a la población pobre. Dijeron, además, que evitarán la compra de medicinas hasta cinco veces más caras que el precio internacional.
Donald Castillo, representante de la Red de Adultos y Adultos Mayores de Nicaragua, expresó que mientras los fondos de los asegurados no se dilapiden y las personas que reciben atención médica a través del Seguro Social son favorecidos “no vemos ningún problema”.
Castillo dijo este fin de semana que rechazarían el proceso si fuese pensado para “fines personales o del mismo partido sandinista”.
Mientras el doctor Humberto Doña, también representante de la Red y ex empleado del INSS, aseguró que por el momento hay que darle el beneficio de la duda al Gobierno, de que tratan de mejorar el sistema de salud para los asegurados. Doña indicó que lo recomendable es que la institución recupere su estructura sanitaria —como estaba antes del triunfo del FSLN en 1979— y quizá la compra de Laboratorios Ramos es el primer paso.
“El Seguro Social no sólo debe tener laboratorios, sino que hospitales, empresas médicas previsionales, su propia estructura hospitalaria, pero en todo esto debe existir un buen control para evitar malos manejos”, dijo Doña.
NO A OCULTISMO
Lo que sí criticó fue el proceso literalmente clandestino, de cómo ocurrió la compra de Laboratorios Ramos.
Según él, aparentemente no hay mal uso del dinero de los asegurados, pero “tal vez el procedimiento de compra no fue del todo correcto”, porque si había que pedirle permiso a la Contraloría General de la República (CGR) así como lo indica la Ley 323, o Ley de Contrataciones del Estado, de que las instituciones deben reportar la adquisición de un bien inmueble cuando el monto supere el millón de córdobas, las autoridades del INSS tendrían que haber cumplido con esta disposición administrativa.
El Procurador Especial del Adulto Mayor, Benjamín Pérez, lamentó que el Seguro Social realizara el negocio a escondidas, cuando sus directores hablan que lo hicieron con el único afán de dar mejor asistencia médica.
“Se han tomado decisiones con los fondos del Seguro Social que nos pertenecen a todos y es una cosa que molesta, que decisiones que son tan trascendentales se tomen en un organismo donde no estamos representados, si hubiera un representante tendríamos una persona a quién poder cuestionar”, manifestó Pérez.
CGR DEBE ACTUAR
Una fuente experta en seguridad social dijo que la Contraloría General de la República (CGR) con las noticias dadas a conocer, sobre la nada clara compra de Laboratorios Ramos, están en capacidad de ordenar una auditoría, porque de lo contrario se podría convertir en cómplice de lo que pase a futuro.
Con este negocio, agregó, quedó claro que el INSS hace uso de forma discrecional de sus fondos.
Todavía no se conoce cuál fue el valor real de la compra, por medio de qué entidad bancaria se concretó la transacción, qué tipo de forma de pago acordaron, de dónde salió el dinero, entre otras cosas.
“Los dueños de esa plata no saben cómo se está utilizando, los asegurados presentes, jubilados, la clase trabajadora, el sector formal, en fin nadie sabe qué hacen con el dinero”, expresó ayer la fuente.
