La Conferencia Episcopal de Costa Rica (Cecor) debe abrir todas sus cuentas bancarias para que las autoridades investiguen una presunta intermediación financiera ilegal, de acuerdo con una orden de un juzgado penal de ese país, informó ayer el Poder Judicial.
La orden del Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial fue emitida el pasado 21 de enero, confirmó hoy la Fiscalía, sin embargo, hasta ahora no han recibido la información requerida.
En declaraciones publicadas ayer por el matutino Al Día, Carlos Vargas, el abogado del máximo órgano de la Iglesia católica en Costa Rica, evitó dar muchos detalles sobre la acción judicial argumentando que está “limitado” para referirse al caso pues éste está en investigación.
No obstante, señaló que la apertura de las cuentas era una medida “ilógica” porque la información bancaria ya estaba en poder del Ministerio Público.
La jueza Zoila Rosa Soto ordenó también abrir las cuentas en Costa Rica de Servicios Pastorales y otras tres sociedades anónimas creadas en Panamá, pero que están bajo el control de la Conferencia Episcopal costarricense y sirvieron para hacer diversas transacciones.
APARENTEMENTE PRESTABAN
El caso se remonta al año pasado, cuando la prensa local denunció que la Cecor recibió por años dinero de particulares, nacionales y extranjeros, y lo invirtió a través de un grupo financiero para obtener ganancias, e incluso prestó dinero a terceros.
Estas operaciones, denominadas intermediación financiera ilegal, se realizaban a través de la firma Servicios Pastorales, pese a una prohibición expresa de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) desde el 2005.
Por esta razón la Sugef presentó una denuncia formal en contra de Cecor en mayo de 2008 y se abrió el respectivo proceso penal.
INVERSIONES SUPERABAN LOS US$60 MILLONES
Según una investigación de la Sugef, entre marzo de 2005 y agosto de 2007, Cecor recibió más de 160 captaciones de dinero de personas ajenas a la Iglesia, realizó préstamos a particulares e inversiones en grupos financieros por un monto superior a los 60 millones de dólares.
Celso Gamboa, fiscal de la Unidad de Fraudes, explicó ayer a la prensa que a pesar de que la orden de levantamiento del secreto bancario se giró a más de 20 bancos del sistema bancario costarricense, aún no han recibido la información requerida.
