El presidente del Consejo Supremo Electoral, doctor Roberto Rivas Reyes, siempre invoca su derecho a la vida privada para justificar la negativa a dar explicaciones públicas sobre las múltiples y frecuentes denuncias que se publican sobre irregularidades en el ejercicio de su función estatal.
En la más reciente investigación de LA PRENSA alrededor de este funcionario público, se encontró que él viajó a Costa Rica “al menos 13 veces en los meses de diciembre, enero y febrero pasados. Se estima que (en ese lapso) estuvo al menos 40 días fuera (del país), 28 de los cuales eran laborales”. Y en esta ocasión, como en todos los casos anteriores de reportajes y notas informativas de LA PRENSA sobre su principesco modo de vida, el vocero del presidente del Consejo Supremo Electoral se ha negado a hablar con los periodistas, con el pretexto de que eso es cosa de su vida privada.
Pero faltar a su trabajo durante 28 días laborables en el período de tres meses no es asunto de la vida privada de ningún empleado público, ni siquiera de alguien como don Roberto Rivas. Y si fuera el caso de que él ha estado enfermo y gozando de subsidio laboral, o por cualquier otro motivo justificado, debería explicarlo y demostrarlo públicamente, pues, como se dice en el Capítulo II, Artículo 7, Inciso d, de la Ley de Probidad de los Servidores Públicos: “Sin perjuicio de lo que estipule la ley de la materia, los servidores públicos están obligados a: Usar las horas laborales únicamente para cumplir con las obligaciones que le fueron encomendadas de acuerdo a la naturaleza de sus funciones”.
Sobre el absentismo del magistrado electoral Roberto Rivas Reyes, el abogado Gustavo García Prado, quien es miembro del Grupo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, dijo a LA PRENSA en declaraciones que fueron publicadas ayer, que “en su actividad como funcionario público, devengando un salario que los nicaragüenses financiamos, el magistrado Rivas tiene que dar cuenta de su cargo y no andar vacacionando en Costa Rica”. El abogado García Prado ha interpuesto ante la Fiscalía una acusación por peculado y defraudación aduanera en contra del magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral, basada precisamente en las denuncias y revelaciones que se han hecho de las andanzas y sobre el fastuoso modo de vida de Roberto Rivas Reyes, que contrasta ofensivamente con la situación de extrema pobreza en la que vive la mayoría de los nicaragüenses y con la crisis presupuestaria que agobia al Estado de Nicaragua.
Por otro lado, respecto al reiterado alegato del presidente del CSE, de que no tiene porqué dar cuenta de su vida privada, debemos decir que, en realidad, a nosotros no nos importa lo que el empleado público Roberto Rivas haga con su persona y con su familia. Eso, ciertamente, es asunto de su absoluta incumbencia privada. Lo que sí nos interesa, y mucho, es cómo se comporta en el ejercicio de sus funciones; lo que nos importa es lo que él, como funcionario del Estado, hace en beneficio o en perjuicio de la sociedad, de los ciudadanos, de la gente que paga los impuestos de los cuales él obtiene su jugoso sueldo y los demás privilegios derivados de su cargo.
El artículo 26 de la Constitución dice que: “Toda persona tiene derecho a su vida privada y a la de su familia”. Ese es un precepto sagrado. Pero un funcionario del Estado, sobre todo de sus altas esferas, es una persona pública. Y por lo tanto está expuesto al control y la crítica social y tiene que dar cuenta de lo que hace y cómo lo hace, del origen de su fortuna, de cómo ha sido su enriquecimiento personal y cuál es su modo de vida. Eso es lo que da sentido al artículo 131 de la Constitución, sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos cuando faltan a las normas de probidad administrativa.
El filósofo australiano contemporáneo, Peter Singer, se pregunta si: “¿puede una figura pública tener una vida privada?” Y responde justamente que “dado que los políticos nos piden que les confiemos vastos poderes, nosotros deberíamos saber todo lo posible sobre su moralidad”. Esto es enteramente cierto. Los ciudadanos tenemos derecho de saber qué hacen y qué no hacen los funcionarios públicos con el dinero de nuestros impuestos, y si están profesional, técnica, laboral y moralmente aptos para gobernarnos y para decidir sobre nuestras vidas.
