La jefa de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera Sacasa, ha demostrado honestidad profesional y valentía, al reconocer públicamente el alarmante aumento de la delincuencia en Nicaragua, sobre todo en Managua, y por lo tanto la peligrosa disminución de la seguridad pública y personal de los ciudadanos nicaragüenses.
Según informó la primera comisionada Granera en conferencia de prensa que brindó el martes de esta semana, en el 2008 los delitos contra la propiedad, incluyendo el robo con intimidación, aumentaron en un 47 por ciento; y la actividad delictiva en general se incrementó en un 11 por ciento. Los robos con intimidación “se dispararon de una forma que nunca la habíamos visto”, declaró visiblemente consternada la jefa de la Policía, quien, sin embargo, como para amortiguar el efecto negativo de la información sobre el aumento de la delincuencia y la disminución de la seguridad pública y personal en el país, dio la “buena” noticia de que los delitos contra las personas “mantienen un registro similar al de los últimos años”. Al parecer la funcionaria policial se refiere en este caso a los asesinatos, crímenes y ataques con lesiones que sufren los seres humanos, pero, ¿acaso el robo a mano armada o mediante engaño, con intimidación o sin ella, no es también un delito contra la persona?
Como sea, el hecho es que las declaraciones de la jefa Granera confirman la grave situación de inseguridad pública que hay en el país, acerca de la cual LA PRENSA había adelantado información preliminar en su edición del martes 3 de febrero pasado. Y decimos que la primera comisionada Aminta Granera es honesta profesionalmente —al dar a conocer esos datos sobre la descarnada realidad de la situación de delincuencia e inseguridad pública y personal que están sufriendo los nicaragüenses—, porque no es usual que en un gobierno autoritario, secretista y enemigo de la información abierta, como es el de Daniel Ortega, se revelen datos y se diga la verdad sobre problemas que no benefician a la imagen gubernamental, y que, como en este caso, más bien demuestran el retroceso global que ha sufrido la sociedad nicaragüense, que en lo único que ha crecido es en el índice de criminalidad. Gobiernos como el de Daniel Ortega siempre ocultan o tratan de ocultar lo negativo de la realidad, sólo les interesa y les gusta que los alaben, que les rindan pleitesía por lo poquísimo de bueno que hacen y que encubran todo lo malo que acostumbran hacer.
Además, al hablar abiertamente con los periodistas la jefa de la Policía rompe el esquema desinformativo que ha impuesto el gobierno de Daniel Ortega, cuyos funcionarios sólo ofrecen declaraciones y ruedas de prensa a los medios oficialistas, previamente arregladas para que los reporteros no pregunten nada “impertinente”, o sea de verdadero interés público, mientras insultan a los periodistas libres y difaman a los medios independientes que informan con veracidad en cumplimiento de su derecho y su deber.
Varios altos funcionarios del actual gobierno han sido echados sin contemplaciones, por haber dado declaraciones a los medios independientes y en particular a LA PRENSA. Y esperamos que no le suceda lo mismo a la primera comisionada Aminta Granera, porque su salida de la Policía no sería sólo la pérdida de un magnífico empleo para ella en lo personal, sino que significaría un golpe al cuerpo de seguridad pública, que se resiste patéticamente a perder su institucionalidad y profesionalismo ante la poderosa presión del dictador que quiere reconvertirla en instrumento partidista y, peor aún, personal y familiar.
En un Estado de Derecho y bajo un gobierno verdaderamente democrático, la situación de grave incremento de la delincuencia y la disminución de la seguridad ciudadana sobre la que ha informado la jefa de la Policía, motivaría al Gobierno a promover un plan de acción consensuado con la sociedad civil, iglesias, cámaras empresariales y gremios laborales, los medios de comunicación y las instituciones educativas, a la par de un reforzamiento extraordinario de la Policía tanto en su equipamiento presupuestario como de su profesionalismo e institucionalidad.
Pero eso sería, repetimos, con un gobierno genuinamente democrático, en un Estado de Derecho y con gobernantes realmente preocupados por cumplir sus deberes constitucionales, no con los que sólo aprovechan el gobierno para enriquecerse y piensan en reelegirse o quedarse en el poder de cualquier manera y para siempre.
