Nicaragua tiene hoy la última oportunidad para reafirmar su soberanía sobre el río San Juan ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, en la demanda costarricense por derechos de navegación y conexos en ese río.
El país llega con un pie delante porque Costa Rica no ha logrado argumentar su reclamo. Pero el equipo nacional también ha tenido sus flaquezas, entre ellas no aprovechar plenamente una confesión de Costa Rica sobre su derecho limitado de navegación, valorada como una prueba contundente a favor del país.
Se trata de las declaraciones hechas en el 2002 por el entonces canciller de Costa Rica, Roberto Tovar, que hace ocho días publicó LA PRENSA.
“A CONFESIÓN DE PARTE, RELEVO DE PRUEBAS”
En el 2005 Costa Rica demandó al país ante la CIJ por supuestos obstáculos a sus derechos de navegación con pasajeros, turistas y policías armados, pesca y avituallamiento, entre otros, y en sus alegatos orales de este mes ante el tribunal internacional exigió una “reparación” por estos derechos que, en realidad, el Tratado de límites Jerez-Cañas, de 1858, no le otorga.
LA PRENSA encontró que en julio del 2002, Tovar dijo en una entrevista al diario costarricense Al Día (titulada Me siento como Colin Powell) que: “... El tratado dice claramente que Costa Rica tiene libre navegación con objetos de comercio. Si dijera Costa Rica tiene libre navegación y punto, sería muy diferente. Tenemos en suma, una libre navegación limitada y eso lo deben reconocer los costarricenses (…) Repito no tenemos libre navegación, o mejor dicho, sólo la tenemos con objetos de comercio y que nadie venga aquí a decir que estoy cediendo derechos. Eso es lo que dicen los tratados”.
Para Mauricio Díaz, entonces embajador de Nicaragua en Costa Rica, las declaraciones de Tovar son “un argumento contundente” a favor de Nicaragua, porque “como dicen los abogados: a confesión de parte, relevo de pruebas”, y se trata en ésta de que “el máximo representante de la política internacional del Estado costarricense admitió la soberanía y el sumo imperio (de Nicaragua) y que las pretensiones por el lado tico no tienen ningún asidero” .
Sin embargo, el agente del país ante la CIJ, Carlos Argüello, aseguró a LA PRENSA que ellos no han usado la prueba en los alegatos orales del país, aunque sí en los alegatos escritos, presentados antes de estas audiencias orales que son la última fase antes de que la CIJ se tome entre cuatro y seis meses para dirimir.
Díaz y el ex canciller Norman Caldera coincidieron en la necesidad de que el país haga uso de esta prueba en ésta que es su última intervención, incluso que debió hacerlo desde antes.
NO RECUSARÍAN A JUEZ
Otra flaqueza señalada al equipo del país es que no ha recusado la participación del juez pleno Antonio Cancado Trindade, de origen brasileño, quien antes fue juez ad hoc de Costa Rica para el mismo caso del río San Juan.
LA PRENSA supo de fuentes de la Cancillería, que el país no recusaría a Cancado porque éste antes participó en los diferendos con Honduras y Colombia y habría demostrado su imparcialidad. Sin embargo, la fuente no valoró el efecto en un caso que lo confrontaría con el país que lo nombró, como es el referido al río San Juan. “Sería como cuestionar la imparcialidad de la Corte y eso no conviene”, dijo la fuente.
¿NEGOCIACIÓN?
También, el martes pasado Díaz expresó la preocupación de que el Gobierno de Daniel Ortega negocie por debajo de la mesa una explotación conjunta con Costa Rica, por el vínculo de altos funcionarios nicaragüenses con la construcción de un canal interoceánico en el río. Además de que se supo que en las audiencias orales el abogado nicaragüense Antonio Ramiro Brotons dijo que el país estaría dispuesto a una negociación con Costa Rica para la explotación en el marco de una cooperación transfronteriza, a pesar de que ese sería un beneficio exclusivo.
LA PRENSA consultó al canciller Samuel Santos al respecto, pero éste prefirió no comentar al respecto, tras calificar que el trabajo del equipo nacional en La Haya es “excelente”.
