El asesor económico de la Presidencia, Bayardo Arce Castaño, considera que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) probablemente engañaron al presidente Daniel Ortega, para que éste emitiera un decreto ordenando que el Registro de la Propiedad regrese a ser una dependencia del Poder Judicial y también se modifican los aranceles que se pagan en el mismo.
“Allí debe haber habido, como llamamos en buen cristiano, un buen embarque al Presidente de parte de la Corte Suprema de Justicia, que fue la que le pidió (a Ortega) que emitiera ese decreto”, dijo ayer Arce Castaño al Canal 12 de televisión.
El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez ya había indicado que el Gobierno de Daniel Ortega se equivocó al emitir un decreto que permite al Poder Judicial administrar y subir los aranceles de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, sin la aprobación del parlamento.
Arce Castaño dijo estar de acuerdo con el diputado Gutiérrez, porque los magistrados judiciales pidieron a Ortega que emitiera el decreto bajo el supuesto de que los aranceles son tasas que no necesitan ser aprobadas por la Asamblea, pero que el error está en que se le subió a los aranceles.
“Efectivamente, las tasas no las aprueba la Asamblea, pero como se aumentó la misma”, señaló Arce Castaño.
SOLÍS RIPOSTA
El vicepresidente del Poder Judicial, magistrado sandinista Rafael Solís, explicó que la iniciativa del decreto es de los 16 magistrados que conforman la Corte Suprema y no del presidente Ortega, a quien eximió de responsabilidad.
Según Solís, los judiciales antes de redactar el decreto analizaron jurídicamente el caso y determinaron que no era necesario que pasara por la aprobación de la Asamblea, pues se trata de materia administrativa, un pago por un servicio de inscripción, y no de un tributo.
Puso como ejemplo los pagos que establecen las alcaldías en los centros turísticos como balnearios, así como los pagos por inscripción de defunciones y matrimonios que establecen también las municipalidades.
Solís dijo que no se iba a pelear públicamente con el diputado Gutiérrez, pero señaló que sus declaraciones obedecen más a una opinión personal que a una postura de la bancada sandinista en la Asamblea.
A Solís las declaraciones del asesor Bayardo Arce le causaron risa, y expresó: “Sólo locuras es Bayardo, es un disparate todo eso. Seguro Bayardo no conoce el Derecho, él está en asuntos económicos”.
Solís añadió que no insistirá más en explicar sobre el decreto, aunque manifestó que está dispuesto a ir a un debate con el diputado Gutiérrez.
Según el judicial, el decreto antes de su publicación fue consultado con Asesoría Legal de la Presidencia, diputados y hasta registradores públicos.
