Qué barbaridad. ¿Hacia dónde vamos con los argumentos de la Policía de Nicaragua? Ahora resulta que como no hay sanciones explícitas en la Ley Especial para el Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados, no se puede hacer nada contra esos delincuentes que se cobijan bajo la bandera del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que dirige Daniel Ortega Saavedra.
Sólo falta que la directora de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Elena Granera Sacasa, cuando la interpelen en la Asamblea Nacional (si es que el pacto libero-sandinista lo hace) diga que como no hay una Ley contra el Uso de las Piedras y los Tubos, no se puede hacer nada contra los “pandilleros oficiales” de Ortega.
A partir de lo dicho por la primera comisionada Granera, debe entenderse que a falta de ley no se puede prevenir el delito y éste se convierte en algo sui géneris. Dicho de otra manera, si no hay delito no hay pena, y aunque haya delito, pero no hay sanción explícita, no lo prevengo. Vaya, vaya, vaya. Impunidad la que está cultivando la Policía orteguista.
Veamos dónde comienza la manipulación de conceptos. La primera comisionada Granera estima injusto que se juzgue a la Policía Nacional por una actuación incorrecta, cuando anualmente registra entre tres y cuatro millones de actuaciones. Y agrega que se trata de funcionarios (los agentes) que “están siendo sacudidos por un recorte presupuestario que ataca rubros sensibles para ellos, como es la alimentación. Es decir, tienen que comer tres veces al día (con) cuatro córdobas por tiempo (...) y aquí no ha habido un policía ni una policía que me diga: yo no salgo a la calle porque estoy mal comida”.
A ver, a ver, a ver, Primera Comisionada, no confunda las cosas. Como dice el adagio popular “amor no quita conocimiento”, es decir, el hecho de que la institución del orden público tenga serias limitaciones presupuestarias, no significa que ignoran el concepto doctrinario y el andamiaje jurídico que rigen el actuar de los miembros de la Policía y de los ciudadanos mismos, los cuales deben respetarse. Entonces, con toda razón diría un ciudadano que como él no tiene recursos económicos y ninguna beca, no estudió Derecho, por tanto, no está obligado a conocer las leyes. ¿Así es? Si de retorcer los conceptos se trata Primera Comisionada, el tiempo es corto y la tinta sobra.
Vamos a otro punto. Expuestos los argumentos de la primera comisionada Granera, se puede formular otra inferencia: Para capturar y procesar a encapuchados con poderosos morteros artesanales a bordo de una caravana de vehículos que andaban sembrando el terror en la ciudad de León, también tendría que crearse una Ley Especial contra los Encapuchados (con pasamontañas). Lo que es peor de esto último es que se crea un antecedente en el que cualquiera puede ponerse en su cabeza un pasamontaña, a bordo de un vehículo, armado, comete un delito, y si lo capturan, uno de los primeros argumentos de un abogado defensor es ¿por qué la Policía no lo hizo contra los delincuentes de León, donde fueron atacados los manifestantes de la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD)?
El asunto en todo esto es la responsabilidad institucional de la Policía para prevenir el delito venga de donde venga y no justificar el vandalismo de los orteguistas. Ortega no debe ordenar que se violente la ley y tampoco retorcer a su antojo los conceptos de obediencia debida, no deliberancia y cumplimiento del deber.
Si la Primera Comisionada enfrenta problemas políticos para dirigir la Policía, debe decirlo, pues es más digno que estar sometida a la bota de un tirano que está destruyendo la institucionalidad.
