Desde siempre se ha dicho y sabido que es imposible justificar lo injustificable. Sin embargo, eso es lo que ha querido hacer la primera comisionada Aminta Granera, jefa de la Policía Nacional, con la declaración que dio a los periodistas el lunes de esta semana en el sentido de que los policías no pueden actuar contra quienes atacan a morterazos a los participantes en las marchas pacíficas de la oposición democrática y la sociedad civil, debido a que aunque sea prohibido usar esos artefactos explosivos “la ley no contempla ningún tipo de sanción”. Además, según Granera la criticada pasividad de la Policía es para “evitar que la intervención policial genere un derramamiento de sangre o haga una escalada a los conflictos de violencia que nos los haga inmanejables y lleguemos a lamentar víctimas y tragedias mayores en nuestro país”.
Pero la verdad es que sí hay sanción penal para los que utilizan morteros para atacar a otras personas. La penalización está en el artículo 404 del Código Penal, que sanciona con pena de cuatro a ocho años de prisión y de doscientos a quinientos días multa, a los que cometen ese delito. Y en todo caso, aunque no hubiese tal penalización la Policía está obligada a impedir que unos individuos se armen con morteros y los disparen contra otras personas; o por lo menos la Policía debe decomisar esos criminales artefactos explosivos, a quienes los portan y utilizan para atacar a los marchistas cívicos y pacíficos.
Por otro lado, la explicación que dio la primera comisionada Aminta Granera, acerca de que la pasividad de la Policía es para que no se escale la violencia, porque entonces habría que “lamentar víctimas y tragedias mayores en nuestro país”, se puede interpretar como que ella sabe que las turbas tienen instrucciones de atacar a los miembros de la Policía Nacional si trataran de impedir que cometan sus fechorías. Como ocurrió en septiembre de 1993, cuando en una de las asonadas orteguistas contra los gobiernos democráticos fue asesinado el comandante de brigada de la Policía, Saúl Álvarez.
Pero como hemos dicho antes y repetimos ahora, nadie ha pedido que los policías disparen contra las turbas que usan los morteros contra los manifestantes de la oposición y la sociedad civil. Lo que se le exige a la Policía es que proteja a las personas agredidas, que por lo menos cumpla con su deber de decomisar los morteros tal como lo manda el Reglamento de la Ley 510, la Ley de Armas, que en el numeral 7 de su artículo 127 señala expresamente que: “Sin perjuicio de los delitos, faltas o medidas administrativas, estos productos o artefactos (o sea los morteros) serán decomisados.
A propósito de esto, cabe tomar nota de que el mismo día que la primera comisionada Aminta Granera trataba de justificar lo injustificable, diciendo que la Policía no puede hacer nada contra quienes disparan morteros contra otras personas porque “la ley no contempla ningún tipo de sanción”, en la ciudad de Granada las mujeres que iban a participar en la marcha feminista para celebrar el Día Internacional de la Mujer, eran minuciosamente registradas por efectivos policiales que buscaban morteros y armas de cualquier otro tipo. Entonces, si la Policía registra a mujeres manifestantes desafectas al régimen de Daniel Ortega, buscando armas y morteros inútilmente porque son personas pacíficas que sólo tratan de ejercer su derecho de manifestación pública de acuerdo con la ley, ¿por qué los policías no pueden decomisar los morteros que los pandilleros orteguistas portan visiblemente y los disparan a bulto, contra manifestantes de la oposición? Y además, ¿por qué la Policía autoriza manifestaciones de partidarios del Gobierno, el mismo día, a la misma hora y en los mismos sitios que las previamente programadas por la oposición, lo que obviamente es una provocación?
Conociendo los antecedentes de la primera comisionada Aminta Granera, estamos seguros de que ella quisiera aplicar las leyes y sus reglamentos en este caso, como es su deber. No podemos creer que Granera esté de acuerdo con que se manipule políticamente a la Policía, pero entendemos que se siente obligada a cumplir las órdenes de Daniel Ortega. Siempre hemos reconocido los méritos de la primera comisionada Granera en el avance de la institucionalización y profesionalización de la Policía Nacional, hasta enero del 2007, cuando para desgracia de Nicaragua y vergüenza de los nicaragüenses Daniel Ortega volvió al poder. No necesita, pues, la primera comisionada Granera, tratar de justificar lo injustificable. Esto más bien es peor para su imagen que lamentablemente ya bastante se ha deteriorado.
