Los 600 millones de dólares que urge el Gobierno de Daniel Ortega para garantizar la ejecución presupuestaria, entre la crisis económica y la suspensión o congelamiento de la cooperación internacional, significan 600 millones de razones para que se realicen cambios en la Ley Electoral del país, según el Grupo Promotor de Reformas Electorales.
Raití Juárez, del Movimiento Juvenil Nicaragüense —una de las catorce organizaciones que pertenecen al Grupo Promotor— insistió durante una entrevista con LA PRENSA en que las reformas electorales son una propuesta de nación, “no de un grupito”, que puede ser posible sin necesidad de una reforma constitucional que se prestaría al interés de la reelección o el cambio de un sistema de gobierno presidencial por uno parlamentario, para responder a la estrategia del presidente Daniel Ortega y sus aliados para perpetuarse en el poder.
Mauricio Zúñiga, director del Instituto para la Democracia y el Desarrollo (Ipade) —otra de las organizaciones del Grupo— agregó que la propuesta también es una iniciativa para solucionar el descrédito y la desconfianza que padece el sistema electoral, provocados por los resultados de las elecciones municipales del 2008, calificados como fraudulentos, y la toma de posesión ilegítima de esas autoridades sin que se respondiera a las demandas de recuento de votos y revisión de actas de escrutinio hecha por diferentes actores sociales.
Juárez precisó que la propuesta del Grupo Promotor es el cambio de las actuales autoridades electorales y la realización de reformas básicas a la Ley Electoral que garanticen la independencia partidaria, el carácter inclusivo y la transparencia del sistema.
CSE
Actualmente el Consejo Supremo Electoral (CSE), máxima autoridad del Poder Electoral, está integrado por siete magistrados propietarios y tres suplentes, repartidos entre sandinistas y liberales, por un sistema de cuotas establecido en la Ley Electoral, con el pacto entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, hecho en el 2000. Ese sistema de cuotas se repite en las otras instancias de este Poder, como los Consejos Electorales Departamentales y Municipales y las mesas electorales.
Zúñiga reclamó que “las posiciones político-partidarias no se pueden trasladar a las instancias democráticas”, pues con esto se ha estado “pervirtiendo” el sistema. Mientras, la propuesta del Grupo es dar confianza con un nuevo sistema independiente y transparente, porque con el actual no se pueden volver a realizar elecciones ni resolver los reclamos de fraude hechos por la oposición.
