El Grupo Promotor de Reformas Electorales considera que sólo cambiando a los actuales magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) el país saldrá de la crisis política-económica-social que lo agobia. Por ello exigen la “inmediata renuncia o la destitución” de esos funcionarios.

Además, aconsejan que luego se “hagan los ajustes necesarios a la Ley Electoral”, pero sin tocar la Constitución, para garantizar que en las elecciones del 2011 no se repita el fraude.

El Grupo, que está integrado por 14 organizaciones de la sociedad civil, hizo un llamado a la empresa privada, iglesias, organizaciones y movimientos sociales, ONG y a todos los nicaragüenses a unirse para exigir una salida a la crisis, antes que el país pierda unos 600 millones de dólares provenientes de la cooperación internacional y que las consecuencias sean más graves.

Mauricio Zúñiga, del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), considera que la crisis generada por el fraude electoral necesita una respuesta “al margen de las cuotas de repartición de poder, del clientelismo político, del dame dos que yo te doy tres”.

Sería una respuesta que ponga al país en primer lugar “para que la cooperación vea que existe una preocupación y un interés político de rectificar y volver al camino de la democracia, donde se garanticen elecciones libres y justas para todos”.

Los representantes del Grupo Promotor invitaron a los magistrados del CSE, diputados de la Asamblea Nacional, partidos políticos y de manera especial al presidente Daniel Ortega, a anteponer los intereses de la nación, por encima de los personales y partidarios.

FRAUDE ESTABA PLANEADO

“La solución depende de la voluntad y del liderazgo político. El fraude de noviembre fue una voluntad política que estaba concebida con anticipación entre los líderes del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Frente Sandinista de Liberación nacional (FSLN), eso está evidenciado con documentos... La solución también depende de ellos, no hay que esperar que se les venza el período de los actuales magistrados para que la Asamblea Nacional, que es la que los pone y los quita, tome una decisión en función de la crisis que vive el país”, argumentó Zúñiga.

Agregó que si el presidente Ortega dice que hay que sustituir a los magistrados, mañana no amanecerían en sus cargos, porque así funcionan las cosas en este país.

El Grupo aconseja que después de remover de sus cargos a las autoridades electorales, que no tienen credibilidad ante más de la mitad de la población, y que las nuevas reviertan el fraude, se debe realizar una reingeniería para dotar a La Ley Electoral de los “ajustes” necesarios, como eliminar las discrecionalidades, que garanticen que en los futuros procesos electorales no se pueda repetir el fraude.

Los ajustes que recomiendan contemplan que el sistema tenga plena autonomía en la toma de decisiones, para que no dependa de las conveniencias políticas partidarias; que fomente el multipartidismo y permita conocer el desarrollo y resultados del proceso electoral.

El Grupo considera que el liderazgo político del país está obligado a “restituir” la credibilidad en los procesos electorales, porque cuando el pueblo pierde la confianza en la institucionalidad democrática y en el sistema electoral, como mecanismo para elegir a los gobernantes, “la tentación de regresar a los caminos de la violencia” está a la vuelta de la esquina.