La Unión Ciudadana por la Democracia (UCD), como se denomina la coalición de organizaciones de la sociedad civil que convocó y lideró las marchas cívicas del sábado 28 de febrero recién pasado, dio a conocer el miércoles de esta semana un comunicado en el que entre otras cosas alerta a la ciudadanía nicaragüense y a la comunidad internacional, que “se está produciendo una peligrosa partidización de la policía, que actúa apoyando la intimidación contra la ciudadanía y siendo permisiva con quienes violentan el orden jurídico”. La UCD ha llegado a esta conclusión, después que los marchistas cívicos y pacíficos del 28 de febrero fueron atacados brutalmente, a pedradas y morterazos, por partidarios extremistas del gobierno de Daniel Ortega, ante la indiferencia de una Policía que permite hacer y deja pasar las fechorías de las turbas.
Pero más que acusar a la institución de seguridad pública por su pasividad ante las agresiones de las turbas, las organizaciones y los líderes de la sociedad civil lamentan que la Policía esté perdiendo su profesionalismo, que se esté partidizando y poniendo al servicio de los intereses políticos personales de Daniel Ortega. En ese sentido, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), por medio de su secretario ejecutivo, Marcos Carmona, reconoció que la jefa de la Policía, Aminta Granera, “mantiene la visión de profesionalismo dentro de la institución”, pero también advirtió que dentro de ésta existe otro grupo que “está siguiendo las directrices de Daniel Ortega, que es reprimir al pueblo”. Por su parte la señora Azahalia Solís, dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres, opinó que la Policía “está en medio de dos fuegos fuertes, en que un gran sector de la sociedad civil le está demandando que actúe conforme a Derecho, pero hay otro gran sector con respaldo del Ejecutivo diciendo que actúe al margen de las leyes institucionales”. Y mencionó la dirigente feminista “una lucha fuerte y terrible que se está llevando en la Policía (…), una posición que ahora que está Daniel Ortega en el poder quiere volver a tener una posición partidaria, y la otra posición institucionalista que se profesionalizó”.
En realidad, la institucionalización y profesionalización de la Policía se había considerado como uno de los principales logros del proceso de democratización de Nicaragua, que con sus altibajos se desenvolvió de abril de 1990 a enero de 2007. Inclusive, la institucionalidad y el profesionalismo de la Policía, lo mismo que del Ejército, era para muchas personas una garantía de la continuidad de la libertad y la democracia en Nicaragua, pues, aunque Daniel Ortega y el FSLN volvieran al poder, supuestamente podrían partidarizar e instrumentalizar políticamente a los cuerpos armados del Estado, que deben de estar al servicio de todos los nicaragüenses, no sólo de una parte de ellos.
Sin embargo, al menos en el caso de la Policía ya se ha visto que su profesionalismo e institucionalidad han venido sucumbiendo ante el ogro totalitario —el cual en Nicaragua es odioso pero no tiene nada de filantrópico, según la conocida expresión de Octavio Paz— ; ante un autoritario Daniel Ortega que está empeñado en restablecer la dictadura y confundir nuevamente al Estado con el Partido y la Policía; y que posiblemente quiere someter también al Ejército, en este último caso con el atractivo adicional para la súper codiciosa familia gobernante, de que al controlar el Ejército controlaría también su cuantioso capital económico y financiero.
Pero no hay que permitir que Ortega y su camarilla desmantelen impunemente la institucionalidad y el profesionalismo de los cuerpos armados del Estado. Los diputados de la oposición, tanto de la democrática como de la zancuda, deberían interpelar a quien sea necesario para que responda por esa pasividad cómplice de la Policía con las turbas, que dicho sea de paso constituye dos delitos claramente tipificados por el Código Penal: en el Artículo 433, por Incumplimiento de Deberes, que se sanciona con seis meses a un año de prisión e inhabilitación para ejercer el cargo o empleo público; y en el Artículo 437, por Denegación de Auxilio, que se castiga con inhabilitación de seis meses a dos años para el ejercicio del cargo o empleo público.
Con la interpelación parlamentaria al menos se podría poner al descubierto ante los nicaragüenses y la comunidad democrática internacional, el pérfido plan de desprofesionalizar y desinstitucionalizar a la Policía y al Ejército para reconvertirlos en cuerpos represivos de la nueva dictadura que se está imponiendo en Nicaragua, la cual se va a consolidar sólo si las fuerzas democráticas se lo permiten.
