Nicaragua ya empezó hoy sus alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, Holanda, para reafirmar sus posiciones respecto a la soberanía y sumo imperio en el río San Juan, sobre el cual Costa Rica interpuso una demanda en el 2005, por derechos de navegación y conexos.
En ésta, que es la última fase antes de que la Corte inicie la redacción de su fallo, el agente Carlos Argüello y su equipo presentarán los argumentos del país, basados en el Tratado Jerez-Cañas, de 1858, y el laudo emitido por el Presidente de los Estados Unidos, Grover Cleveland, en 1888. Documentos que según el experto en Derecho Internacional, Mauricio Herdocia Sacasa, son rotundos a favor del país.
Costa Rica presentó sus alegatos el lunes y martes, pero a juicio de Herdocia éstos no han podido mostrar los derechos que ese país reclama. En el pasado, otros funcionarios costarricenses han reconocido la claridad del tratado a favor de la soberanía absoluta de Nicaragua.
COSTA RICA NO ARGUMENTA DERECHOS RECLAMADOS
LA PRENSA intentó durante dos días comunicarse con el agente nicaragüense ante La Haya, Carlos Argüello, pero fue imposible establecer comunicación. Incluso se intentó antes del cierre de esta edición, pero para entonces restaban pocas horas para el inicio de la audiencia que tendría lugar en el Palacio de la Paz, de la CIJ.
El viceministro costarricense de Asuntos Exteriores y agente de ese país en La Haya, Edgar Ugalde, dijo el lunes ante el grupo de 14 jueces presentes del tribunal que la actitud de Nicaragua hacia ellos “niega entera y sustancialmente los derechos de Costa Rica” en el río.
Pero Herdocia, que fue agente del país para este caso hasta febrero del 2007 —hasta que el Gobierno lo reemplazara entonces por Argüello—, valoró que “realmente los argumentos de Costa Rica no han podido mostrar la existencia de esos nuevos derechos de navegación con pasajeros, turistas y para aprovisionamiento de puestos fronterizos que viene alegando. Tampoco otros alegados derechos de comunicación y transporte”.
En la demanda que interpuso Costa Rica en septiembre del 2005 ante el tribunal internacional, el país vecino reclama que Nicaragua obstaculiza su navegación en el río San Juan, violando supuestos derechos establecidos en los tratados vigentes, pero que, en realidad, dan la razón de soberanía y sumo dominio sobre el río a Nicaragua.
“La fuerza central del Tratado Jerez-Cañas se ha impuesto y mostrado que el ciclo de interpretaciones ya fue cerrado definitivamente con el laudo Cleveland de 1888 y que no es posible extender los derechos de Costa Rica más allá de lo que el propio tratado interpretado por el laudo ha señalado definitiva e irrevocablemente”, sostuvo ayer Herdocia a LA PRENSA en una entrevista desde su oficina en el Instituto Centroamericano de Integración (ICI), que preside.
NICARAGUA NO TIENE QUE ATENDER SUPUESTAS NECESIDADES DE COSTA RICA
Costa Rica también alega que Nicaragua le impide cumplir con necesidades de su población ribereña y para aprovisionamiento, que no son posibles si no es a través del río.
Sin embargo, Herdocia opinó que “Costa Rica tiene sus propios medios, carreteras, vías de acceso y caminos para cumplir con los requerimientos de su población y las eventuales o supuestas necesidades. En todo caso, aun si fuese cierto —que al parecer no lo es según los mapas de carreteras y caminos— no se puede imponer a Nicaragua la obligación de atender necesidades supuestas de un país a costa de asumirlas en el territorio de un tercer país, es decir, Nicaragua”.
El experto agregó que el país “ha practicado una política amplia y generosa de cooperación de conformidad con su soberanía y el poder regulador inherente a la misma y ha sido un buen vecino y amigo”.
“El problema —advirtió Herdocia— es que no se puede pretender transformar actos de simple cooperación en derechos jurídicamente exigibles ni pretender que un Estado no ejerza razonablemente sus poderes regulatorios inherentes a su soberanía para el control, cuido y vigilancia del río, respetando lo establecido en el Tratado Jerez-Cañas”.
Nicaragua continuará sus alegatos orales mañana viernes en la primera ronda de estas audiencias ante el tribunal, que luego se reanudarán el lunes 9 de marzo con Costa Rica para concluir con Nicaragua el jueves 12 del mismo mes.
Ambos países han expresado a través de sus cancillerías que aceptan la jurisdicción de la Corte para este caso, sobre el cual ésta luego tomará entre cuatro y seis meses para dirimir.