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36 años de guerra En 1954 una invasión apoyada por Estados Unidos derrocó al Gobierno de corte socialista encabezado por Jacobo Arbenz y se prohibió la existencia de partidos de izquierda, que eran señalados como “comunistas”, una de las razones por las que después se organizaron guerrillas que mantuvieron una guerra que duró 36 años hasta que en 1996 se firmó un acuerdo de paz. En esa guerra hubo 200,000 víctimas, 40,000 de éstas corresponden a personas que “desaparecieron”. Más del 90 por ciento de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto fueron atribuidas al Ejército o sus colaboradores por una comisión de la verdad de Naciones Unidas.

Buscan la verdad Los familiares de los desaparecidos esperan que entre los archivos estén las pistas sobre lo ocurrido con sus seres queridos durante la guerra interna de 36 años, en tanto que las organizaciones de derechos humanos consideran que contienen evidencias que fortalecerían los procesos que siguen contra ex altos jefes militares.

El presidente Álvaro Colom creó ayer una comisión gubernamental que buscará, ordenará y hará públicos los archivos que celosamente guardan las fuerzas militares de sus actividades entre 1954 y 1996. “Ya no estamos en guerra, ya no hay por qué ocultar nada”, dijo a periodistas Colom luego de una actividad pública.

Colom indicó que la comisión estará integrada el próximo lunes y buscará durante diez meses los archivos en las bases y dependencias militares y que después de ser ordenados y clasificados quedarán a disposición del público que quiera consultarlos.

Dijo que la comisión estará integrada por cuatro funcionarios de dependencias civiles del Gobierno y uno del Ministerio de Defensa.

La comisión determinará si alguno de los documentos encontrados contiene secretos de Estado que comprometan la seguridad nacional, dijo a la AP el secretario de comunicación social de la Presidencia, Ronaldo Robles.

EJÉRCITO DISPUESTO

El vocero del Ejército, Juan Francisco Loranca, dijo que “el Ejército está en total disposición de acatar las órdenes de nuestro comandante general, el Presidente”.

La semana pasada, el ministro de la Defensa, Abraham Valenzuela, entregó a un tribunal dos archivos con planes de campaña utilizados por el Ejército a principios de la década de los 80, los años más sangrientos de la guerra civil. El tribunal sigue un proceso por genocidio y delitos de lesa humanidad contra ex oficiales.

Sin embargo, quedó pendiente de entregar otros dos planes que la Corte de Constitucionalidad le había ordenado entregar pero que dijo que fueron destruidos.

Amnistía Internacional (AI) exigió en un comunicado que sean entregados los dos documentos faltantes. “Es inaceptable que después de dos años de resistir judicialmente la publicación de los documentos el Ministerio de la Defensa afirme ahora que se han perdido”, dijo la directora adjunta de AI para América, Kerrie Howard.

Carmen Ibarra, de la Fundación Myrna Mack, una entidad de derechos humanos, dijo a la AP que “no es una cuestión de comisiones. El Presidente ya anunció que iban a entregar los archivos en 2008 y los militares le juegan la vuelta siempre”.

Ibarra se refería al anuncio hecho el 25 de febrero de 2008 cuando nombró a su Secretario de la Paz, Orlando Blanco, para dirigir la búsqueda en las bases militares sin que haya resultados hasta la fecha.

El Ejército ha variado su explicación durante los últimos años sobre lo que ocurrió con los archivos. Desde que no existían, en un principio, hasta que fueron extraviados.