Por segundo año consecutivo el Día Nacional del Periodista se celebró en medio de ataques contra la libertad de prensa, por parte del Gobierno y dirigentes de la clase política que tienen fobia a la libertad de expresión y de información.
Antes del Día del Periodista, exactamente el jueves 26 de febrero, se conoció el reporte sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, que elabora anualmente el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el cual se señala que en Nicaragua la libertad de expresión y de prensa ha retrocedido. En dicho informe, según reportó LA PRENSA el viernes 27 de febrero, se “mencionó, por ejemplo, el discurso descalificativo del presidente Daniel Ortega, la discriminación en la distribución de la publicidad estatal, los juicios orquestados contra LA PRENSA y el sacerdote Ernesto Cardenal, el allanamiento al Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco) y otros hostigamientos a organizaciones civiles”.
Una vocera oficialista aseguró que el documento del Departamento de Estado falta a la verdad, porque en Nicaragua hay libertad de expresión y de prensa. Pero en el informe no se dice que en Nicaragua no hay libertad de prensa. Lo que se asegura es que la libertad de prensa ha retrocedido ante los ataques del presidente Daniel Ortega; como consecuencia del embargo informativo del Gobierno, que sólo ofrece información filtrada y manipulada a través de los medios de comunicación oficialistas; por la discriminación en la asignación de la publicidad estatal; por los juicios represivos que se han montado contra algunos periodistas, etc. Y todo eso es verdad.
Precisamente el mismo jueves de la semana pasada, el Observatorio de Medios de Comunicación presentó un informe en el que, según publicación de LA PRENSA el viernes 27 de febrero, se “recuerda que en el 2001 —en su tercera campaña presidencial— Ortega firmó la Declaración de Chapultepec, para el respeto a la libertad de prensa y expresión, pero analiza que en este segundo Gobierno el mandatario sandinista conduce al país hacia la polarización, practica la intolerancia y discrimina a los medios con la distribución de la publicidad estatal. Además, destaca como otras características en este período, la intimidación y difamación de parte del Gobierno y sus medios hacia la sociedad civil, los medios independientes o figuras de la oposición…”
También el jueves pasado, durante una sesión especial de la Asamblea Nacional en la que se hizo un raro homenaje a los periodistas, diputados oficialistas atacaron a los medios de comunicación independientes —particularmente a LA PRENSA, cuyo reportero parlamentario fue ultrajado verbalmente por un legislador orteguista—, porque publicaron las declaraciones ofensivas al pudor de una diputada del FSLN que legisladores del PLC ofrecieron a los periodistas, precisamente para que las publicaran. Y cabe recordar que en esa Asamblea Nacional se retiene de manera caprichosa una iniciativa legislativa para la derogación de la tristemente célebre e inconstitucional Ley Arce contra la libertad de prensa.
Hay que destacar también que en vísperas de la celebración del Día Nacional del Periodista, el magistrado del PLC, Manuel Martínez, presidente del Poder Judicial, declaró que la Corte Suprema de Justicia tiene una planilla de 130 periodistas a quienes les paga para que hablen bien de ella. Pero el magistrado Martínez no dio los nombres de los supuestos periodistas comprados, de lo que se infiere que se trata de una innoble difamación.
Tampoco se puede dejar sin mencionar la declaración del Procurador del Gobierno, de que se le debe agradecer al presidente Ortega porque no ha mandado a destruir los medios de comunicación independiente, de los que no quedaría piedra sobre piedra si él así lo quisiera. Igualmente hay que agregar el mensaje siniestro dirigido a los periodistas independientes y críticos del Gobierno, que significa la puesta en libertad del asesino del periodista disidente sandinista, Carlos Guadamuz, y los trámites para excarcelar al asesino de la periodista de LA PRENSA y Diario Hoy, María José Bravo. Y cabe finalmente, en este rosario de acciones y agresiones contra la libertad de prensa, señalar la propuesta de Código de Ética del Colegio de Periodistas en la que se pretende demandar al Estado, regular el derecho de información.
La buena noticia es que estos mismos hechos demuestran que el periodismo libre no se ha doblegado. Y sin duda que no se doblegará, aunque el poder orteguista no deje piedra sobre piedra de los medios de comunicación independientes y a otros periodistas les apliquen el “método Guadamuz”.
