El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) iniciará mañana miércoles su XXIII Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano y la República Dominicana, en que abordará la crisis económica y financiera internacional y su impacto en las economías de la región, lo mismo que las medidas que pueden adoptar para enfrentarla.
El evento será inaugurado por el presidente de esa institución, Luis Alberto Moreno, y concluye el próximo viernes seis de marzo con reuniones bilaterales entre las autoridades de los países participantes y una mesa redonda bajo el tema “Creciendo para salir de la crisis: Las políticas de Desarrollo Productivo de la Región”.
El panel abordará el tipo de respuesta de los gobiernos ante una crisis severa y el rol que pueden jugar las políticas de apoyo al sector productivo en los programas de estímulo.
La reunión será la oportunidad propicia para que el Gobierno replantee la solicitud que hizo al BID para obtener un crédito de 350 millones de dólares, que serán utilizados para trasladarlos al sistema financiero nacional y compensar de esa forma la caída en la captación de recursos financieros internacionales por los bancos nacionales, tal y como informaron las autoridades económicas del país hace algunas semanas.
DIFÍCIL OBTENER RECURSOS
Para el economista independiente Adolfo Acevedo, es difícil que el Gobierno logre obtener esos fondos, porque dependen de “recursos de capital ordinario del BID, es decir mediante recursos no concesionales”, lo cual constituye una importante restricción para Nicaragua, que no puede contratar recursos “no concesionales”, debido a su calificación de país pobre altamente endeudado (HIPC).
Acevedo destacó que, en caso de que el Gobierno logre obtenerlos, tendrá que destinar ese fondo al sistema financiero nacional, el que sólo lo otorgará a personas con un historial crediticio limpio para que no constituya ningún tipo de riesgo.
“Por lo tanto, no podría orientarse hacia pequeñas unidades económicas sin historial crediticio o con problemas de garantías, que son las que generan el grueso del empleo”, añadió.
Destacó que el financiamiento estaría destinado a “inyectar efectivo a los bancos, para que puedan continuar con sus operaciones de crédito favoreciendo a clientes con calificaciones altas”.
Por tanto, se volvería un crédito restringido a clientes de los bancos y no se haría llegar de forma masiva a los pequeños productores o empresarios.
“El papel de este crédito, en todo caso, sería principalmente suplir o reemplazar el eventual hueco dejado por líneas de crédito comerciales externas, o en caso que el interés de estas supere del crédito”, sostiene Acevedo.
Por otro lado advierte que de lograr este financiamiento, el Gobierno “no tendría control sobre el destino final del crédito; esto es que no podría forzar a los bancos a que usen el crédito o dirigirlo hacia ningún sector, actividad o segmento”.
