Un recurso de reposición fue presentado ayer por el director de Radio La Ley, Santiago Aburto, ante las autoridades del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), con el objetivo de que le aclaren las razones legales en que se basaron para cancelar la frecuencia 102.1 FM (Frecuencia Modulada) que le había sido adjudicada, así como la confiscación de sus equipos.
A los pocos minutos de haber entregado el recurso de reposición, Aburto fue llamado por funcionarios de Telcor quienes le informaron que, en horas de la tarde de ayer mismo, le sería entregada la resolución completa que contenía los argumentos para proceder a cancelar la frecuencia y retener los equipos adquiridos para Radio La Ley.
Aburto señaló que confía en que las autoridades de Telcor rectifiquen y le devuelvan los equipos, y también permitan que la radioemisora salga al aire, ya que pagó por ese derecho durante los últimos cuatro años.
“Esto no es ningún pleito personal, estamos apegados a la ley”, indicó Aburto.
BUSCAR SALIDA LEGAL
El propietario de Radio La Ley no quiso precisar si la acción impulsada por Telcor tiene ribetes políticos, señalando que se han manejado diversas versiones de índole legal, por lo que espera que la solución sea por la misma vía, para que no haya necesidad de buscar otras instancias.
Acompañado por su asesor legal, Fernando García, Aburto dijo que así como el presidente Daniel Ortega ha convocado a los presidentes de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y del Grupo de Río para analizar la situación del golpe de Estado en Honduras, el mismo presidente Ortega debería aprovechar para que también haya un respeto por la institucionalidad.
“Que se respete el Estado de Derecho, la democracia, creo que todos tenemos el derecho de trabajar dignamente, a tener un negocio y a no ser perseguidos, acosados ni cuestionados por diferencias políticas”, opinó Aburto.
Añadió que la respuesta de Telcor dejará en evidencia si la decisión fue o no política.
GOBIERNO OBLIGARÍA A VENDER EQUIPOS
La confiscación injustificada de los equipos de Radio La Ley, por parte de Telcor, podría ser un intento por “legitimar” la compra forzada de los mismos de parte del Gobierno, según un experto en Telecomunicaciones que consultó LA PRENSA.
El especialista, que prefirió el anonimato, dijo que la medida forma parte de la estrategia “quirúrgica” de las autoridades del entre regulador, que aplicaron la Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales (Ley 200) con el claro interés de afectar a una radio opositora.
El experto señaló que la aplicación del artículo 63 del Reglamento de la Ley 200 establece que, en el caso de cancelación del título habilitante o licencias, las frecuencias se revierten al Estado.
En ese sentido, el Gobierno de Nicaragua, de acuerdo con el especialista, tiene derecho, previo avalúo, a adquirir mediante compra las instalaciones y equipos que, de acuerdo con el contrato correspondiente, sean destinados a la prestación del servicio.
“En relación a la invocación del Artículo 63 del Reglamento de la Ley 200, que indica que al término o cancelación del título habilitante las frecuencias se revierten al Estado y el Gobierno de Nicaragua tiene derecho preferente, previo avalúo, para adquirir mediante compra las instalaciones y equipos que de acuerdo con el contrato correspondiente sean destinados a la prestación del servicio, se puede afirmar que es un intento de legitimar la compra forzada de los equipos”, indicó el analista.
