El caso de Honduras deja muchas cosas al descubierto. Una de ellas, que las débiles democracias se quedaron batallando a los enemigos que tenían en los años sesenta y son incapaces de enfrentar las nuevas amenazas, entre ellas, la de los presidentes populistas que creen que ganar una elección es ganar un botín para sí.
Yo creo que para comenzar a entender el complejo caso hondureño tenemos que entender que el presidente Manuel Zelaya entró gustoso a formar parte de un grupo de dirigentes del continente, que cree tener como destino manifiesto darle vuelta como calcetín a sus sociedades sin que los votantes les hayan dado esa autoridad y pasando por encima de cualquier otro poder de la República, con el único argumento de que en una elección obtuvieron la mayoría de los votos.
Pues bien, lo primero que tienen que entender nuestras frágiles democracias es que no puede haber democracia sin votaciones, pero sí puede haber votaciones sin democracia y eso es lo que impulsan a lo largo y ancho del continente los socios del señor Zelaya, como el presidente Daniel Ortega.
Segundo, consecuencia de lo primero, la actual crisis ha sido provocada por la insistencia de un Presidente democráticamente electo, que confundió la mayoría de votos con una patente de corso. A nadie se le había ocurrido pensar que a Manuel Zelaya se le podría acortar su período presidencial, hasta que él comenzó a travesear la Constitución, las instituciones y las leyes de su país.
Tercero, la remoción de Zelaya de suelo hondureño no fue la mejor manera de actuar. Este señor quería imponer su voluntad por encima de lo establecido por la Constitución y las leyes de su país. Los poderes Legislativo, Electoral y Judicial, así como la Fiscalía y la Procuraduría de Derechos Humanos, no están pintados (como aquí). Las instituciones debieron actuar con inteligencia, evitar inmiscuir a los militares, pero recordemos que fue Zelaya quien quiso primero que los militares actuaran ilegalmente.
Y la acción militar es lo que tiene a todo mundo gritando para que se restablezca el orden constitucional, que dicta que Manuel Zelaya es el Presidente legítimo hasta enero del 2010 y que ese período no puede ser acortado por la fuerza, aunque el Presidente sea el primero en transgredir el orden constitucional con una “transgresión menor”, como la de iniciar a jugar con la idea de la reelección, algo que prohíbe la Constitución de aquel país so pena de ser calificado como traidor. Está bien que griten por eso.
Pero aquí es donde veo con asombro cómo la visión latinoamericana (y mundial) de lo que es democracia republicana (que garantiza la división de los poderes) se quedó estancada.
El mundo sólo exige el “inmediato retorno al orden constitucional” si los militares tocan a un Presidente. Pero qué lentos, complacientes y timoratos son cuando el orden constitucional lo rompe un Presidente burlándose del voto directo de la ciudadanía, como hizo Daniel Ortega en noviembre cuando se robó la voluntad de los nicaragüenses e impuso a sus candidatos municipales a través del control de los poderes, que estaban supuestos a garantizar la sobrevivencia de la República.
En Honduras, por muy mal que hayan actuado las instituciones, al menos hasta ahora se sabe que en cinco meses esta situación se resuelve con una elección libre. En Nicaragua al día de hoy no vemos cuándo podemos volver a tener una elección libre.
Para defender a los presidentes del Alba, sus enemigos declarados, que además violan sus propias constituciones, la OEA se mueve con agilidad y firmeza, pero para defender a un pueblo al que se le ha robado su voto, la OEA no dice “esta boca es mía”.
¿Debemos esperar sentados los nicaragüenses que la OEA se acuerde de nuestro orden constitucional violado?
