El negocio farmacéutico construido de modo secreto por la Administración de Daniel Ortega, usando los fondos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), va viento en popa. Nada parece detenerlo.
Asociado con militares y policías para distribuir medicinas en el país, en lo que algunos analistas consideran que habría un pacto en las sombras, los funcionarios estatales consiguieron supuestamente tener el control de otro laboratorio farmacéutico, uno de los más grandes del país.
Laboratorios Solka, S.A. está siendo administrado supuestamente por autoridades del INSS mediante sindicatos, aseguró el presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua, Alfredo Marín.
Marín, a nombre de su Cámara y el Consejo Superior de la Empresa Privada, le escribió explicándole el caso a Ortega.
Los mencionados laboratorios fueron propiedad de la familia Solórzano hasta que, tras una intervención judicial en enero de 2007, quedaron en manos de la Procuraduría General de la República.
En septiembre del año pasado el INSS decidió hacer una oferta a los antiguos dueños, impedidos de entrar a las instalaciones.
El monto del ofrecimiento no ha sido revelado, pero según fuentes empresariales suma más de tres millones de dólares.
“El INSS en septiembre de 2008 realizó una oferta que fue aceptada por los socios”, recordó Marín al Presidente. Hasta ahora la respuesta no se ha concretado.
Roberto Solórzano, uno de los dueños del laboratorio, sostuvo que se vio obligado a recurrir a la Cámara de Industria para evitar que no le paguen por su propiedad confiscada.
Solórzano argumenta que, de acuerdo con el Código de Comercio, el ofrecimiento por escrito del INSS y la aceptación de su familia forja un contrato y el Seguro se niega a cumplir.
LA CONFISCACIÓN
El empresario dice que está obligado a negociar. “No fui al INSS a hacerles una propuesta para venderles mi laboratorio. Ellos me lo confiscaron. El Estado, a través del INSS, me ofreció pagármelos. Si en realidad quieren la empresa como compraron a Ramos, pues que lo paguen. Para mí no es un negocio voluntario”, aseguró.
En noviembre pasado, dos meses después del ofrecimiento a Solka, el INSS compró Laboratorios Ramos en 3.1 millones de dólares.
Parte de la estrategia descubierta ahora, tras investigaciones de LA PRENSA, fue formar una distribuidora de medicinas, asociada con un instituto del Ejército y la Policía y tener una clientela cautiva, que está entre los hospitales dirigidos por ambas instituciones y empresas médicas previsionales beneficiadas en el pasado con préstamos del INSS.
El capitán retirado Roberto López, presidente ejecutivo del INSS, ha beneficiado a sociedades vinculadas al Ejército con préstamos. Recientemente se descubrió los mutuos intereses en la sociedad Farmacéuticos y Conexos, S.A. (Farco, S.A.) que podrá abrir farmacias y hacer, incluso, inversiones turísticas.
El presidente de la Asociación de Farmacias Unidas, Alberto Lacayo, condenó el negocio y lamentó los privilegios que goza el Ejército.
