Ante el renacimiento de los regímenes autoritarios en América Latina, cubiertos ahora con el ropaje izquierdista, cabe preguntarse si no es posible entonces que regresen también, como inevitable reacción, los regímenes militares de derecha, sean duraderos o transitorios. En realidad, si el autoritarismo ha renacido en su modalidad izquierdista, ¿por qué no va a retoñar también en su forma derechista?
Al respecto la crisis político-militar que estalló esta semana en Honduras da mucho que pensar. El aspecto formal de esa crisis es que el voluntarioso Presidente neo izquierdista hondureño, Manuel Zelaya, destituyó al jefe del Estado Mayor del Ejército, general Romeo Vásquez, porque éste no se sometió a su extralimitación constitucional. Pero en solidaridad con Vásquez renunciaron los comandantes de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas, lo mismo que el Ministro de Defensa. La Corte Suprema de Justicia ordenó restituir al general Vásquez en su cargo, pero el presidente Zelaya ha desacatado la orden judicial y entonces el Congreso Nacional inició una investigación que podría desembocar en juicio político para la destitución del díscolo mandatario.
Sin embargo, lo que está en el fondo de la crisis es el empecinamiento de Zelaya en reformar la Constitución para que se permita la reelección presidencial, la cual en el sistema constitucional hondureño es absolutamente prohibida. Zelaya quiere seguir gobernando después de que termine su actual y único período de gobierno, para dar rienda suelta a su proyecto de imponer en Honduras un régimen autoritario de izquierda, como Chávez en Venezuela y Ortega en Nicaragua.
Es lamentable lo que está pasando en estos países, porque es mucho lo que se había logrado avanzar en la profesionalización de los ejércitos latinoamericanos, incluyendo a los de Centroamérica. La civilización de los militares ha sido una gran contribución a la buena gobernabilidad y al desarrollo de la democracia en la región, cuyo más alto logro fue la adopción de la Carta Democrática Interamericana, de la OEA, el 11 de septiembre de 2001 en Perú. Sólo a políticos resentidos, aventureros e insensatos como los que desgobiernan actualmente en Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia y, el colmo, hasta Manuel Zelaya en Honduras, se les pudo ocurrir la irracional pretensión de desmontar esos grandes logros democráticos y retrotraer a sus países a las etapas de las dictaduras civiles o militares, el autoritarismo y el atraso político, económico y social.
Pero si en Nicaragua ha sido posible el regreso de Daniel Ortega al poder, con su empecinamiento en socavar las instituciones democráticas para imponer una nueva dictadura, es lógico que se vuelvan a plantear también las diversas formas de resistencia que se practicaron en los años ochenta contra la primera dictadura sandinista. Y hasta dónde llegarán las inevitables formas de resistencia democrática contra la nueva dictadura orteguista, dependerá del mismo Ortega, pero sobre todo de la capacidad de lucha del pueblo nicaragüense y de la mayor o menor resolución y coraje de la oposición. En todo caso, que hay y habrá más resistencia a la nueva dictadura orteguista, hay que darlo por seguro.
Volviendo al problema de Honduras, en la grave situación de inestabilidad institucional y política que se ha creado allí en los últimos días, se podría aplicar la regla muy conocida de que toda crisis es también una oportunidad. Esto significa que las fuerzas democráticas hondureñas, las cuales, a diferencia de lo que ocurre en Nicaragua tienen mayoría en los Poderes Legislativo y Judicial, podrían o más bien deberían convertir el desacato del presidente Manuel Zelaya en su destitución.
En ese sentido, el diario hondureño El Heraldo advirtió en su edición de ayer que: “La Constitución de la República le da poder al Legislativo para que pueda quitar a un Presidente, si presenta incapacidad para gobernar”. Además, el artículo 239 de la Constitución de Honduras, en el cual se establece la prohibición absoluta de la reelección presidencial, advierte de manera expresa que quienes propongan la reforma de este mandato “cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez (10) años para el ejercicio de toda función pública”.
De manera que la gran oportunidad de las fuerzas democráticas hondureñas para salir de la amenaza del autoritarismo izquierdista puede ser ahora mismo. Después podría ser muy tarde y quizás lo tendrían que lamentar quién sabe por cuánto tiempo.
