Poniendo el asunto en términos boxísticos, lo que ocurrió el lunes pasado con la fracasada audiencia inicial del juicio político por el caso de los Cenis, fue como un round de tanteo. Y Eduardo Montealegre, quien es el acusado principal en esta farsa judicial, lo ganó de manera rotunda.
En efecto, tanto el fiscal que acusa como el juez que ejecuta son reconocidos orteguistas, personas politizadas, sectarias y parcializadas que están muy lejos del prototipo de funcionario público encargado de procurar y administrar la justicia de manera independiente, imparcial y honesta. Precisamente por esa identificación y motivación política es que el juez y el fiscal querían obligar a Eduardo Montealegre a comparecer ante ellos, a pesar de la inmunidad constitucional que lo protege. Hasta lo amenazaron con hacerlo comparecer con la Policía, en caso de que no se presentara en la audiencia preliminar que programaron para el lunes 22 de junio en curso, pero Montealegre no se presentó y les ganó contundentemente este primer round.
En realidad, el artículo 139 de la Constitución le otorga inmunidad procesal a Montealegre, en su carácter de diputado. Para juzgarlo tienen que despojarlo de su inmunidad, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, artículos 139 a 143. De manera que al no someterse el líder liberal democrático a la arbitraria pretensión del fiscal y del juez orteguistas, éstos hicieron el ridículo, tuvieron que suspender la audiencia y han tenido que hacer la debida solicitud de desafuero a la Asamblea Nacional, para ver si lo consiguen y pueden juzgar y condenar a Eduardo Montealegre.
Por otra parte, está claro que aunque los acusados por el caso de los Cenis son 39 personas, los verdaderos objetivos del orteguismo son Eduardo Montealegre, porque es el líder opositor que tiene el mayor respaldo popular para enfrentar y derrotar a Daniel Ortega en una contienda electoral y por lo tanto es el principal obstáculo a su pretensión reeleccionista; y el director de LA PRENSA, don Jaime Chamorro Cardenal, a quien pretenden castigar personalmente por las denuncias de la corrupción gubernamental y la lucha por la defensa de la libertad y la democracia que libra incesantemente este diario. De hecho casi todos los demás acusados están en el expediente para encubrir el verdadero objetivo del proceso. Inclusive a algunos de ellos les han hecho saber que no deben preocuparse pues serán absueltos en su debido momento. Sin embargo a otros de los acusados tendrían que condenarlos, no porque sean culpables sino para disimular, para que la “justicia” orteguista no se ponga en evidencia condenando sólo a Montealegre y Chamorro Cardenal.
Ahora viene el siguiente round de esta pelea de la arbitrariedad y la injusticia dictatorial que representa el orteguismo, contra la libertad y la democracia representadas por Eduardo Montealegre por el lado de la oposición política y Jaime Chamorro Cardenal en el ámbito de la libertad de expresión y de prensa. Este segundo round es el trámite para el desafuero de Eduardo Montealegre, el cual debe durar un mes de acuerdo con el procedimiento legal establecido y se resolverá según lo que recomiende la comisión dictaminadora de la Asamblea Nacional y cómo voten los diputados en el plenario.
Para desaforar a Montealegre se necesitan 47 votos como mínimo. Supuestamente el orteguismo tiene asegurados estos votos, con sus 38 diputados y el respaldo de algunos que fueron elegidos por la oposición, pero se suman al oficialismo según sea el tema a votar y las conveniencias políticas y económicas del momento. En cualquier caso, la lucha por y contra el desafuero de Eduardo Montealegre trascenderá los muros parlamentarios y se convertirá en una batalla de dimensión nacional e internacional, por la defensa de la libertad y la democracia en Nicaragua.
Y de todas maneras, pese a los deseos y a los objetivos del orteguismo y de sus aliados, tanto los descarados como los vergonzantes y disimulados, cualquiera que sea el desenlace de esta singular batalla el gran ganador será igualmente Eduardo Montealegre, cuyo prestigio y liderazgo político se fortalecerían en el caso de que fracasara el proceso de Managua por los Cenis, pero también ganaría los mismos dividendos si el orteguismo lograra desaforarlo, condenarlo y de esa manera victimizarlo ante el pueblo nicaragüense y la comunidad democrática internacional.
