Santiago Aburto, propietario de la Radio La Ley, de Sébaco, Matagalpa —cerrada y confiscada la tarde del viernes pasado—, aseguró que iniciará los trámites pertinentes para que le regresen los equipos de su radio “confiscados”, cuyo valor sumaría los 10 mil dólares, y le restituyan la licencia. Además, analiza con su abogado una demanda por daños y perjuicios ya que le protege la prórroga de licencias de operación de radio y televisión, aprobada por el parlamento en septiembre pasado.
Aburto sostuvo que los argumentos de los que se valió el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) para cancelar la asignación de su frecuencia, 102.1 en Frecuencia Modulada, fueron “aplicados con discrecionalidad”, por sus críticas y condición de opositor al Gobierno de Daniel Ortega.
“Vamos a ver todos los artículos que ellos (Telcor) aplicaron (para cancelar la frecuencia), por supuesto que los equipos los vamos a recuperar porque tengo todas las facturas, son equipos usados que compré aquí y nada de lo que tenía en la radio fue comprado fuera del país para que me digan que la Dirección General de Aduanas (DGA) vino por ellos”, dijo Aburto.
El también conductor del programa Buenas Tardes Nicaragua, que se transmite en Radio Corporación, recordó que el viernes alrededor de las 2:00 p.m., “cuando vine ya habían desmantelado todo y me dicen: ‘tome, Telcor le manda a cerrar la frecuencia’, pero les pregunté por qué se llevaban los equipos y me respondieron: ‘aquí está la DGA y tiene que presentar factura de todo’, sin embargo no me dieron oportunidad de mostrar las facturas”.
“Los equipos deben regresármelos porque, de lo contrario, sería un robo. Yo tengo facturas y recibos de quienes me los vendieron”, reclamó Aburto, tras agregar que “si ellos aducen que estaba ilegal, hace 15 días vino la inspección de Telcor y vieron que todo estaba bien”.
El comentarista aseguró también que no podían cancelarle la frecuencia porque a él también le cobija la prórroga de licencias de operación emitida por la Asamblea Nacional el año pasado y que el mismo artículo 70 de la Ley 200, de Telecomunicaciones y Servicios Postales, que le cita Telcor en la cédula de notificación, establece que para cancelarle la frecuencia tenían que advertirle al menos tres veces con alguna sanción, pero él reanudó las operaciones de la radio hace un mes y no había recibido ninguna amonestación y todos sus pagos están al día.
El presidente de la Unión de Radiodifusores (Unir), Jesús Miguel Blandón, opinó que “desde el punto de vista técnico el cierre de la radio es legal”. Sin embargo, agregó que “la confiscación de los equipos es inconstitucional porque el artículo 68 de la Constitución Política establece que en ningún caso podrán decomisarse, como instrumento o cuerpo del delito, la imprenta o sus accesorios ni cualquier otro medio o equipo destinado a la difusión del pensamiento”.
El “punto de vista técnico” en el que se basa Blandón es que la Ley 200 establece que la frecuencia cedida por el Estado no puede permanecer ociosa, y en el caso de La Ley, ésta fue concedida desde el 2004, pero sólo funcionó una semana, hasta ahora que fue reanudada hace un mes, para su fallida inauguración el sábado pasado.
Sin embargo, el diputado Agustín Jarquín Anaya, de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, manifestó que en este caso prevalece ante la decisión de Telcor la prórroga de la Ley 670, vigente hasta que se apruebe una nueva Ley de Telecomunicaciones y Servicios Postales.
“Decisiones como éstas crean en el país mayor tensionamiento político, porque son temas muy sensibles, porque involucra la libertad de expresión. El suspender la licencia de medios está sin aplicación desde que la Asamblea aprobó una legislación que plantea que hay que esperar que haya una nueva ley, que rija todo lo referido a las telecomunicaciones”, dijo. El PLC también condenó el cierre de radio La Ley.
(Con colaboración de Roberto Morales y Lucydalia Baca).
