La alianza opositora venezolana propuso ayer al Gobierno del presidente Hugo Chávez que declare la emergencia nacional para encarar los altos niveles de violencia delictiva, tras revelar que ha decidido relegar a un segundo plano otros asuntos.
“Hemos acordado en la Mesa de la Unidad darle prioridad a lo social, a los problemas de la gente”, explicó en una rueda de prensa Omar Barboza, presidente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), que actuó como portavoz de los 11 partidos opositores a Chávez, asociados en la “Mesa de la Unidad Democrática” desde el pasado 8 de junio.
SITUACIÓN DIFÍCIL
La emergencia nacional debe implicar que el Gobierno “convoque de inmediato el Consejo Federal de Gobierno”, con la inclusión de alcaldes y gobernadores regionales, y que esta instancia ejecute “un plan concertado de seguridad”, demandó Barboza.
El plan debe incluir el desarme y la destrucción de armas y droga incautada, que, según denunció, “por corrupción policial se reciclan” y vuelven a circular, así como impulsar “un lenguaje que promueva la paz y condene la violencia”.
“El lenguaje agresivo de Chávez, su renuencia al diálogo y su consigna patria, socialismo y muerte estimula la violencia”, sostuvo y denunció que, paralelamente, el Gobierno “practica la política del avestruz y no da la cara para garantizar la vida”.
LOS PLANES NO SON EFECTIVOS
Otra de las causas de la inseguridad ciudadana es a juicio de la oposición que los “planes de seguridad ciudadana cambian con cada ministro” del sector, “y ya van diez en diez años” de gestión de Chávez, destacó.
Adicionalmente, prosiguió Barboza, ha incidido “la politización” del Poder Judicial y de la Fiscalía, lo que ha hecho que sus funcionarios “sean más eficientes para perseguir a la disidencia política” que a los delincuentes.
Acusó asimismo al Ejecutivo de “permisividad cómplice con grupos armados” de Colombia y de legalizar, según sus “criterios políticos”, a extranjeros, quienes “han introducido en el país prácticas delictivas que no existían antes de este Gobierno”.
La llamada “Mesa de la Unidad Democrática” también dijo que la Fiscalía admitió que de los 302,969 delitos comunes que tramitó el año pasado, sólo acusó formalmente en 8,922 casos, lo que arrojó “una impunidad de 97 por ciento, porcentaje que llega a 78 por ciento en el caso de la impunidad de delitos por corrupción, a 87 por ciento en delitos de derechos humanos y a 82 por ciento en narcotráfico”.
POLICÍAS MAL PAGADOS
La situación de cuerpos policiales “mal formados, mal pagados y mal equipados”, añadió, contrasta con los “miles de millones de dólares” que el Gobierno destina a la compra de equipos de guerra.
En base a estudios de varias instancias internacionales y nacionales, entre ellas Amnistía Internacional, Barboza remarcó que las cárceles venezolanas “se han transformado en centros de ejecución”, con 420 presos muertos el año pasado.
Durante 2008 se registraron en Venezuela 14,000 muertes violentas, “diez veces más de las 1,400 personas (muertas) en la Franja de Gaza (Palestina)”, comparó.
“Caracas adquirió el año pasado el título de ciudad más violenta de Latinoamérica, con 130 homicidios por cada 100,000 habitantes, “frente a 78 en San Salvador y 18 de Bogotá”, agregó Barboza.
Pero eso no es todo, Amnistía Internacional calcula que existen en Venezuela 4.5 millones “de armas ilegales” y que “el tráfico de armas compite en lucro con el tráfico de drogas”, sostuvo.
También citó estadísticas de instancias policiales venezolanas que han dado cuenta que de 44 secuestros registrados al inicio de la gestión de Chávez, el año pasado hubo 353, “y eso considerando que el 60 por ciento de secuestrados no reporta el hecho por falta de confianza en la Policía y la justicia”, remató.
