Cuando el poder estatal cierra arbitrariamente y a través de la fuerza bruta un medio de comunicación, ya sea escrito, radial o televisivo, está socavando el fundamento sobre el cual descansa una sociedad democrática; comete un crimen contra la libertad de expresión e información, que es la madre y la condición de todas las otras libertades.
Eso es lo que ha ocurrido con la clausura de radio La Ley, la semana pasada, ejecutada por tres decenas de paramilitares armados que también confiscaron los equipos de transmisión. Y como lo han advertido y denunciado algunos empresarios radiales independientes, el cierre de La Ley es una advertencia ominosa para las otras radioemisoras libres, como radio Corporación, radio 15 de Septiembre y cualquier otra estación radiofónica de las que transmiten informativos independientes y programas de opinión críticos a Daniel Ortega.
La verdad es que un gobierno verdaderamente democrático no clausura medios de comunicación, por ningún motivo y menos mediante disposiciones administrativas y represivas. Si algunos medios dejan de operar por dificultades económicas y administrativas, como ocurre en cualquier ámbito de la actividad empresarial, ésa es otra cosa. Aún en el caso de que los propietarios u operadores de un medio de comunicación determinado incumplan disposiciones de la ley de la materia, ese medio no es clausurado por el poder político. Lo que hace en tal situación un gobierno democrático, respetuoso de la libertad de comunicación y del derecho de propiedad privada, es darle a la empresa o al operador del medio los plazos necesarios para que se ponga en orden. Sólo en último extremo le quita la concesión y la asigna transitoriamente a otro operador, para mientras se resuelve definitivamente el problema, pero no lo clausura y mucho menos mediante la fuerza armada, ya sea policial, militar o paramilitar, como hizo el gobierno de Ortega con radio La Ley, del municipio de Sébaco. Esto sólo lo hace un gobernante que tiene vocación autoritaria y represiva, alguien que quiere imponer una dictadura y por lo tanto un sistema único de información.
Cabe recordar que uno de los principales baldones del gobierno del presidente Enrique Bolaños fue haber cerrado, a mediados de octubre del 2002, radio La Poderosa, que era operada por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Arnoldo Alemán. El gobierno de Bolaños demostró que aquella radio estaba incumpliendo la ley, pero la verdadera razón para cerrarla era que atacaba duramente al gobernante. Entonces, como dijimos en el editorial del 16 de octubre de ese año, titulado “El cierre de La Poderosa: ‘Los abusos que se cometen en el ejercicio de la libertad de expresión se sancionan de acuerdo con lo establecido en el Código Penal’, no cerrando ningún medio de comunicación, porque éstos no delinquen. Quienes cometen abusos y delitos en el ejercicio de la libertad de prensa son los individuos que operan los medios, de manera que es a éstos a quienes se les debe aplicar la ley”. Y agregamos que: “Si bien a nadie, ni al más poderoso político y obispo se le puede ni se le debe permitir que se coloque por encima de la ley, no menos cierto es que el cierre administrativo de cualquier medio de comunicación atenta contra la más sagrada de todas las libertades, que es la de expresión e información”.
Pero ahora el cierre de radio La Ley es peor, porque en este caso no ha habido ningún motivo legal ni administrativo, solamente el afán represivo de Daniel Ortega. El propietario de radio La Ley, el periodista Santiago Aburto, ha demostrado que durante todo el tiempo que estuvo sin operar la radio mantuvo viva la concesión pagando cumplidamente el arancel correspondiente. Pero además, la Ley 670 prorrogó las licencias de operación de todas las radioemisoras hasta que la Asamblea Nacional apruebe una nueva Ley Telecomunicaciones y Correos.
De manera que el cierre de radioemisora La Ley es sólo un brutal acto dictatorial del régimen orteguista. Y es también un arrogante desafío a la comunidad internacional donante, la cual está esperando que el presidente Ortega se comprometa a cumplir la Cláusula Democrática para merecer la ayuda económica presupuestaria. Pero la compulsión represiva de Ortega es más fuerte que la conveniencia económica de su gobierno —ya no digamos que el interés nacional, porque no lo tiene— y prefiere mostrar brutamente su talante dictatorial.
