Posando frente a los canales de televisión, los presidentes parecían dos estrellas de rock en derroche de saludos, abrazos y sonrisas. El 25 de abril de 2006, se firmó un acuerdo petrolero que se asemeja a una novela mexicana. La poderosa Venezuela, el quinto productor mundial de petróleo, se fijaba en la pobre Nicaragua y prometía un salvavidas para paliar la crisis que se venía encima por los altos precios del crudo a nivel mundial.
Dos caudillos de la vieja izquierda latinoamericana suscribieron ese día el convenio en el Palacio de Miraflores. Con Bolívar desde un afiche como testigo, presidían el acto el secretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional(FSLN), Daniel Ortega, y justo a su derecha, una posición demeritoria para alguien que se llama de izquierda diría alguno de sus seguidores, estaba él, el padrino del negocio.
El mandatario venezolano Hugo Chávez Frías anunciaba ya, con la firma del convenio, lazos más estrechos con el sandinista, los cuales se terminarían de fortalecer en enero de 2007 cuando Ortega volvió a la Presidencia de la República 17 años después que salió del poder al concluir el primer gobierno de su partido.
El día del acuerdo petrolero, Ortega era candidato presidencial y buscaba de hecho un golpe de efecto prometiendo que 53 alcaldías del país mejorarían sus condiciones ante la carestía de la vida producto del alza del petróleo.
Cuando el alcalde liberal René Martínez Somoza viajó en la comitiva rumbo a Caracas en un vuelo charter, la única certidumbre que tenía era que quería entregarle una bolsa crujientes de rosquillas al venezolano.
Después de visitar Caracas, de hacer un tour con las autoridades, asistió al evento televisado por Canal 4, propiedad de la familia Ortega, y Nicaragua entera lo vio sonreír y aplaudir el convenio bajo la crítica feroz de las bases de su partido que no entendían cómo respaldaba a Ortega cuando años antes anunciaba en las tarimas oficiales a Arnoldo Alemán.
Cerca de Ortega estaba Dionisio Marenco, alcalde de Managua y presidente de la Asociación de Municipios del país, quien firmaba a nombre de los ediles el acuerdo que prometía evitar el colapso.
“Se comprometieron con nosotros a que nos iban a ayudar con el petróleo, a abaratar los precios de la población y a beneficiar a los taxistas, a las cooperativas de Rivas en mi caso y a nivel nacional. Al principio se dio algo, pero no hubo mayor trascendencia en esos compromisos”, dice ahora el ex alcalde Martínez Somoza.
La única huella que se ve en aquella ciudad del sur del país, vecina de Costa Rica, son las mujeres que llenan gimnasios buscando un préstamo en la Caja Rural Nacional (Caruna), una cooperativa de crédito controlada por el partido de gobierno que se convirtió meses después en el banco de todas las operaciones ligadas al negocio petrolero establecido al más alto nivel entre Chávez y Ortega y unos pocos asociados.
Fue el 23 de marzo de 2007, cuando el alcalde de Managua, Dionisio Marenco, sufrió uno de los momentos más amargos de su carrera política dentro del Frente Sandinista. Su victimario fue el mismo presidente Ortega, su amigo y quien le había depositado la confianza de administrarle el Canal 4 durante muchos años.
Ortega no anduvo con rodeos y lo mandó a ubicarse con una frase popular que reza así “zapatero a tu zapato”, después que Marenco lo criticara por despachar asuntos de Estado en la Secretaría del FSLN que a la vez es la casa donde vive la familia presidencial.
La ruptura se visualizó luego en otra serie de contradicciones que surgieron entre Marenco y la primera dama Rosario Murillo lo que enfrió más que Alaska las relaciones entre estos viejos compañeros de lucha contra la dictadura somocista.
Sin vínculos públicos al menos, el 26 de abril de 2007 Marenco anunció fastidiado en los medios de comunicación que el proyecto que había empujado y beneficiaría a las alcaldías del país sería cerrado y traspasado a Petróleos de Nicaragua que era manejado ya por el ingeniero Francisco López Centeno, presidente ejecutivo de Petróleos de Nicaragua, pero lo más importante: Tesorero del Frente Sandinista de Liberación bajo las órdenes directas del gobernante.
Con Alba Petróleos de Nicaragua (Albanic) cerrada, se allanó el camino para que se formase otra sociedad que manejó, según publicó el Banco Central de Nicaragua el pasado cinco de junio siguiendo uno de los compromisos del país con el Fondo Monetario Internacional, 457 millones de dólares durante 2008, 147 de los cuales fueron canalizados a través de Caruna.
La nueva sociedad anónima fue creada en julio de 2007 y el anuncio lo hizo desde Venezuela Asdrubal Chávez, directivo de Petróleos de Venezuela, quien además especificó que el 55 por ciento de las acciones le pertenecía a PDVSA y el restante a Petróleos de Nicaragua.
Así que el albacea de Ortega, presidente de Petronic, manejaría también el negocio petrolero desde la vicepresidencia de Alba de Nicaragua S.A.(Albanisa), inscrita desde el 24 de octubre de 2008 de acuerdo a datos registrales.
Esos datos demuestran que Venezuela envió al país estos petrodólares sin contar siquiera con el diseño legal concluido para la operación millonaria. Este tipo de negocios parece muy común en la administración de Chávez en Venezuela.
De hecho, un ex directivo de PDVSA, consultado por LA PRENSA en su residencia en Virginia, Estados Unidos, asegura que muchos de los ministros de Finanzas del caudillo venezolano harían palidecer de envidia al mismísimo Al Capone y recordó que uno de ellos, Tobías Nóbrega, fue acusado incluso en un tribunal de los Estados Unidos de recibir comisiones por más de 20 millones de dólares en una sola operación.
El experto Gustavo Coronel sostuvo por correo electrónico (Ver entrevista) que la “privatización” de la cooperación es un patrón que se repite en todos los países que son miembros de la Alternativa Bolivariana para las Américas, el proyecto político de Chávez en el continente.
“En Bolivia, por ejemplo, (Evo) Morales ha dicho que él recibe ese dinero directamente “para evitar tanta burocracia”, sin querer aceptar que la transparencia es una de las cualidades esenciales en un gobierno democrático. En Cuba se hace a través de empresas montadas entre Chávez y los Castro, las cuales promueven un alto nivel de corrupción, ya que no respetan normas ni procedimientos de carácter público. En Nicaragua, aunque no conozco el detalle, lo que usted menciona (el caso de Albanisa) sugiere que esos aportes no se manejan con ánimo de rendir cuentas sino de manera expedita para lo que le convenga políticamente a los líderes. Esta situación configura uno de los peores crímenes de Hugo Chávez, la prostitución de las instituciones”, explicó Coronel.
Las máscaras en el teatro oficial cayeron el 19 de junio de 2009. Una solicitud llegó al despacho de los contralores en las oficinas del tribunal de Cuentas en Managua. El Ministro Agropecuario y Forestal, Ariel Bucardo, antiguo presidente de la financiera Caruna, solicitaba que le excluyeran del proceso de licitación para contratar directamente un monto de 208 millones 658 mil 911 córdobas de córdobas para la implementación del Programa Hambre Cero, uno de los proyectos asistencialistas del mandatario financiado supuestamente por la cooperación venezolana.
Bucardo dejó claro, para sorpresa de muchos, que el programa sería financiado con “fondos del tesoro y alivio de la deuda con el Banco Centroamericano de Integración Económica”.
Aquella declaración se convirtió en un tapaboca para la administración Ortega que en público seguía insistiendo que reinvertían las ganancias en fondos sociales.
Según el tesorero de Ortega, Francisco López, tienen 28 proyectos con gran impacto en la ciudadanía. El presidente de Petronic y vicepresidente de Albanisa, aseguró el 11 de junio pasado en Canal 4 que “aquí no hay nada que ocultar, la dirección de nuestro Partido, de nuestro Secretario General, nuestro Presidente, es la transparencia, la rectitud y la responsabilidad revolucionaria que tenemos nosotros los sandinistas con el pueblo. Porque como hemos ampliamente asegurado, que le estamos sirviendo al pueblo y es servirle a Dios, eso tenemos que respetar. De tal manera que la Revolución avanza, el modelo económico sigue”.
López informó que entre esos proyectos sobresale las Casas para el Pueblo, un proyecto de 409 casas ubicados en el viejo casco de Managua que fue construido por una empresa de familiares del mismo tesorero que ni siquiera terminaron el proyecto con sus propios fondos, sino con un préstamo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.
Esas viviendas, de al menos 40 metros cuadrados de área, cuestan en el mercado 13 mil 900 dólares según reveló la semana pasada Alberto Atha, de la Cámara de Urbanizadores, sin embargo a cada poblador le costará al menos 28 mil 800 dólares que serán financiados, por supuesto, por Caruna.
De acuerdo a una proyección de LA PRENSA, basada en la meta de construir mil casas por el gobierno, Caruna se hará al final de un negocio durante 30 años que le dejará 28 millones 800 mil dólares.
Detrás de la necesidad social, está el negocio. Caruna nació en 1993 con un capital semilla de tres mil dólares, pero entre 2006 y 2008 logró triplicar sus ingresos hasta alcanzar la cifra de 26.8 millones de dólares dicen los datos oficiales.
Pero el ingeniero López, uno de los funcionarios más leales a Ortega, considera que todos estos señalamientos son un ataque a los pobres y no un negocio redondo donde Caruna tiene participación como se puede interpretar los préstamos a bajos intereses a comerciantes y mujeres en general o el financiamiento a productores.
Caruna ganará también otras sumas millonarias porque financiará a transportistas para renovar una flota de 130 buses donados supuestamente por una empresa rusa al bancoparestatal en un relato que no termina de convencer a la población porque fue el presidente Ortega que se montó en una de las unidades para probarla según se vio en los medios oficialistas. ¿Es el mandatario funcionaro de la financiera?, preguntó el diario LA PRENSA.
El ex ministro de Educación, Carlos Tünnermann, uno de los vecinos del Presidente Ortega en el reparto El Carmen, leía una mañana una investigaciones periodísticas que demostraban que a partir de Albanisa se comenzaba a crear toda una red de sociedades anónimas que iban adquiriendo desde planteles para almacenar combustible hasta la adquisición de hoteles de lujo y hatos de ganado.
Calixto García, representante de la Tribu Seminole que tenía inversiones en el país, reveló a finales de febrero pasado al periodista de investigación Moisés Martínez que el Grupo Alba había logrado un acuerdo con ellos para comprarle el hotel ubicado en el centro de la capital y dos fincas con más de tres mil cabezas del mejor ganado del país.
Según fuentes citadas por Martínez, el hotel Seminole y las fincas costaron aproximadamente diez millones de dólares y la operación fue manejada en el círculo más íntimo de la familia presidencial. La compra estuvo a cargo de Rafael Ortega Murillo, hijo del mandatario, quien ha sido señalado públicamente como el testaferro de todas estas operaciones, según dijo el economista Francisco Laínez, ex presidente del Banco Central de Nicaragua.
La empresa se registró a nombre de Alba Alimentos de Nicaragua S.A. (Albalinisa), cuyo gerente resultó ser Ricardo Coronel Kautz, del grupo de empresarios del partido de gobierno, pero además el encargado del proyecto lechero en los ochenta localizado en la península de Chiltepe.
A Carlos Tünnerman le llamó la atención que la compra del hotel incluyera también un costoso hato ganadero, además del anuncio que se empezarían a exportar ganado hacia Caracas.
Según el tesorero de Ortega, ya se han enviado siete mil vaquillas y se cubre el 90 por ciento de las necesidades de alimentos de Venezuela gracias al acuerdo que él llama “solidaridad entre los pueblos”.
Tünnerman lo que le quedó de la historia fue un recuerdo. El ex Ministro de Educación recordó que Anastasio Somoza Debayle entró también durante la dictadura al negocio del ganado.
“No cabe duda que los Somoza tenían mentalidad empresarial, cosa que no tiene Daniel Ortega y fundaron empresas y generaban recursos siempre compitiendo con los demás en forma desleal, dejándose el monopolio de vaquillas al Perú. El mayor exportador de ganado fue Somoza y ahora Albalinisa se va encargar de ese comercio y de manejar el complejo de Seminole, nadie sabe quiénes son los dueños, siempre queda poco transparente el asunto”, dice Tünnerman en un sillón de su casa, detrás su biblioteca.
Según el experto, la corrupción de Somoza, Ortega y Alemán ha sido distinta, pero el poder absoluto que tiene la familia Ortega actualmente está empeorando las cosas.
“Se está cumpliendo la frase de Lord Acton el poder corrompe y el poder absoluto corrompe de manera absoluta y estamos en presencia de un gobierno que acumula cada vez más poder. Eso engendra corrupción. Con sólo la falta de transparencia en el manejo de ayuda venezolana que nadie explica de una manera que pueda uno entenderle. Hay cosas que se dicen que son donación y otros compraventas”, explica Tünnermann.
El ex funcionario se refería al caso de las plantas Hugo Chávez, que acabaron con los apagones en el país, pero que fueron presentadas en la Contraloría como una donación o un préstamo desinteresado de Venezuela. Luego se descubrió, según la documentación oficial, que las plantas serían pagadas por los usuarios en los recibos de energía eléctrica, cobrados por Unión Fenosa, la distribuidora española con la que el Gobierno se asoció tras amenazarlos con una demanda millonaria, igual que hizo con la petrolera Esso de la que logró que le almacenará el petróleo enviado en los primeros meses desde Venezuela.
Esas plantas eléctricas bautizadas como Hugo Chávez y Ernesto Guevara, no pertenecían al Estado ni a Venezuela, sino que formaban parte del consorcio privado Albanisa que solicitó una licencia para generar energía durante 25 años según la solicitud que hizo el tesorero de Ortega al Ministerio de Minas, presidido por el ingeniero Emilio Rapacciolli.
De hoteles a vacas. De energía térmica a energía eólica, los intereses de Albanisa han crecido como la espuma. También tienen participación, reveló el tesorero del FSLN, en el acopio y comercialización de granos que la empresa estatal distribuye a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) que venden más barato... pero a los miembros del partido gobernante.
Los CPC, como se llama popularmente en el país, son el órgano de control civil de la pareja presidencial y fueron ellos quienes organizaron el festejo en el barrio Jorge Casalli, de Managua, localizado al norte del kilómetro siete de la Carretera Norte, cuando se inauguró allí la primera “calle para el pueblo”.
Esa calle fue financiada con fondos del Alba. Rosa María Trejos, una de las beneficiadas, le dio gracias a Dios porque el polvo, que la había enfermado durante 30 años, se acababa.
“A mí fue algo que me llenó de alegría, pues aquí en el barrio tragábamos polvo día y noche”, asegura Trejos en su casa.
Pero Trejos, como el resto de sus vecinos, dice estar molesta con el gobierno porque no se completó el proyecto en su totalidad. “Siempre me he puesto a pensar por qué no pavimentaron la boca calle que nos lleva al Centro de Salud que a diario es visitado por cientos de personas que buscan asistencia médica. Sería bueno que el Gobierno busque cómo pavimentar esa calle”, dice Trejos. Para Alfonso Mendieta, otro de los moradores del mismo barrio, el Alba es un negocio entre Chávez y Ortega cuyos beneficios él no percibe.
Contrario a lo que pasa en Venezuela, donde el litro de combustible es diez veces más barato que el litro de agua aunque persista la pobreza, Mendieta se queja que en Nicaragua no ha visto mejoría en su vida cotidiana
Aunque Mendieta reconoce que el costo del pasaje en el transporte público de Managua se ha mantenido en dos córdobas con 50 centavos, en los últimos tres años el combustible ha aumentado todos los fines de semana y la canasta básica cada vez es más inalcanzable. Para el ex ministro de Educación, Carlos Tünnermann, el país va rumbo a convertirse “en una gran chureca con gobernantes que gozan de todos los privilegios porque disfrutan y utilizan discrecionalmente todo lo que queda de la cooperación venezolana”.
Tan difícil es la fiscalización a Petronic, el único ente estatal en el que la Contraloría podría intervenir, que el contralor Lino Hernández reveló que han estado apurando a la auditora que tiene a cargo ese trabajo desde hace un año sin entregar un resultado porque supuestamente en la dirigencia de Petronic no le han dado parte de la documentación que necesita. Es un final infeliz para el guión mexicano escrito por Chávez y Ortega, el de la nación rica ayudando al pobre país sumido en la pobreza.
