La presidenta del Fondo de Garantía de los Depósitos (Fogade), Vilma Rosa León-York Blandón, defendió la autonomía que actualmente goza la institución, pero que está siendo amenazada por el proyecto de la nueva Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua (BCN) que impulsa el Gobierno, a juicio de economistas y diputados de la Asamblea Nacional.
El Fogade es una institución gubernamental creada en el 2001 para proteger los depósitos del público realizados en bancos, empresas de ahorro y préstamo y otras entidades financieras, ante eventuales crisis de insolvencia, iliquidez, bancarrota o quiebra, asegurándolos hasta por 10,000 dólares.
La también ex viceministra de Hacienda y Crédito Público argumentó que en la red de seguridad financiera del país —integrada entre otras entidades por el mismo Fogade, el BCN y la Superintendencia de Bancos (SIB)— están distribuidas facultades y atribuciones para que, de acuerdo con la ley, realicen su trabajo “con eficiencia y efectividad”.
“Es necesario el fortalecimiento institucional y los avances que hemos tenido al respecto, especialmente en el sistema financiero, no deben tener un retroceso”, destacó en entrevista con LA PRENSA ayer.
“Creo que la modernización y credibilidad de cada una de las instituciones miembros de la red de seguridad financiera requiere del apoyo de todos, de todos los actores económicos y de todos los tomadores de decisiones, pero para seguir adelante, no para retroceder en la modernización”, añadió León-York.
ESPERAN SER CONSULTADOS
El gobierno del Presidente de la República, Daniel Ortega, envió a la Asamblea Nacional a inicios de junio el proyecto de la nueva Ley Orgánica del BCN, que ya se encuentra en la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto para su dictamen y aprobación.
La propuesta legislativa deja intactas las actuales atribuciones del Fogade, pero en su artículo 76 establece que el BCN “tendrá a su cargo la administración” del Fondo, cuyo Consejo Directivo, en el que están actualmente representadas entidades públicas y los bancos comerciales, sería además sustituido por el Consejo Directivo del BCN.
Además de ser el asegurador de los depósitos, el Fogade es responsable de la intervención, saneamiento, reestructuración y liquidación de una institución miembro que deba salir del Sistema Financiero Nacional.
León-York aseguró que “el Fogade no fue consultado” para la formulación del proyecto de Ley Orgánica del BCN. Pero espera que la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto del parlamento “estará convocándonos y, para entonces el Consejo Directivo del Fogade tendrá una posición al respecto”.
“En los cuatro años que tengo en el Fogade (como presidenta, para un período de cinco años), el Consejo Directivo ha actuado en base a criterios técnicos. Así que creo que se mantendrá esa posición”, reiteró.
LA MODERNIZACIÓN
La presidenta del Fogade recordó que en el año 2005 Nicaragua se sometió al programa de evaluación de su sistema financiero, el cual sirvió para identificar las vulnerabilidades del mismo y determinar los requerimientos de las reformas estructurales para mejorar el marco legal, el cual se venía modernizando luego de la crisis bancaria registrada entre 1999 y 2001.
Al entrar en esa evaluación y al aceptar una serie de recomendaciones, el Gobierno “dispuso estructurar de una manera más formal la red de seguridad financiera del país”, según definiciones de entidades como el Banco de Compensación Internacional, la Iniciativa Global para Insolvencias Bancarias, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, mencionó.
En ese sentido, explicó León-York, se mejoró la red definiendo funciones por cada institución, siendo el Banco Central el prestamista de última instancia, la Superintendencia de Bancos como ente fiscalizador y regulador del negocio bancario y el asegurador de los depósitos, en este caso el Fogade. Por último, el Estado, a través de la Tesorería, es el que debe minimizar el impacto al contribuyente fiscal en caso de una quiebra bancaria.
“No podés tener un supervisor que liquide bancos, como sucedió en la crisis pasada. No podés tener un asegurador de depósitos que esté vinculado al Tesoro de la República, porque entonces eliminás la protección al contribuyente”, advirtió.
