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Managua, 27/05/2012 10:47 PM
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Tras la derogación de las leyes, los indígenas cesaron los bloqueos de la principal carretera que conecta al país con la selva central peruana. (LA PRENSA/AFP /Mariella Rivas/Gobierno Regional de Junin )
Derogan leyes de la discordia
Congreso peruano derogó polémicos decretos que hace dos semanas originaron revuelta que dejó 34 muertos
Indígenas anuncian fin de paro amazónico con el que defendían sus tierras ancestrales
LIMA / AP y EFE
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Las polémicas normas 1090 y 1064

Las leyes 1090 y 1064, aprobadas en 2008, estaban dirigidas a regular el uso y explotación de los recursos naturales de la selva.

La ley 1090 buscaba regular y supervisar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, incluyendo concesiones de ecoturismo y de conservación.

Su aprobación respondió a las modificaciones realizadas a la legislación peruana para adecuarla a los pedidos de sectores ecologistas de EE.UU. previos a la ratificación del TLC con Perú.

La norma 1064 dejaba las tierras de uso agrario sujetas a la servidumbre del paso de oleoductos, gasoductos e instalaciones para la exploración y explotación minera y petrolera.

Según los indígenas, dichos decretos contravenían su derecho a la consulta contemplado en el Convenio 169 de la OIT.

El Congreso de Perú derogó ayer dos leyes rechazadas por las comunidades indígenas del Amazonas por considerarlas lesivas a sus derechos y que fueron motivo de una violenta protesta que dejó un saldo de 34 muertos.

Tras un debate de más de cinco horas, el pleno del congreso aprobó la derogatoria con 82 votos a favor, 14 en contra y cero abstenciones.

El anuncio oficial de la derogatoria generó aplausos entre los 50 representantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la principal organización indígena, que asistía al debate parlamentario en el hemiciclo.

“Éste es un día histórico para los indígenas porque demuestra que nuestras demandas y nuestras luchas fueron justas. Ahora pedimos que se acabe con el estado de emergencia que el Gobierno decretó en Bagua y que la hostigación de los dirigentes nacionales se termine”, dijo Daysi Zapata, vicepresidenta de Aidesep, en conferencia de prensa en el mismo congreso.

Zapata añadió que “hoy día mismo Aidesep estará llamando a las bases” de su organización, que se encuentran en paro desde el 9 de abril en diversas zonas de la selva, para “decirles que levanten las medidas (de protesta)”.

UNA LECCIÓN

“La lección que queda para el Gobierno es que antes de imponer un decreto, éste debe ser consultado para que la historia trágica de la ciudad de Bagua no se vuelva a repetir”, dijo la congresista del opositor Partido Nacionalista, Marisol Espinoza.

La zona selvática de Bagua se encuentra 730 kilómetros al norte de Lima.

El legislador oficialista Mauricio Mulder indicó que el APRA votó “por la derogatoria de los decretos 1090 y 1064, no porque los decretos eran inconstitucionales ni porque afecten los derechos de propiedad de las comunidades amazónicas, sino por estrictas razones de estado”.

Por el contrario, el congresista Raúl Castro, del partido de derecha Unidad Nacional, sostuvo que votaron “en contra de la derogatoria porque los decretos eran un arma poderosa de lucha contra la tala ilegal de la madera, contra la explotación de la fauna silvestre”.

QUEDAN MÁS DECRETOS

El Partido Nacionalista y Aidesep se opusieron desde junio de 2008 a 11 decretos dentro de un paquete de 102 normas publicadas por el Gobierno para adecuar la legislación peruana y poder implementar el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos.

En agosto del 2008, luego de protestas en diversas zonas de la selva, se derogaron dos polémicos decretos y quedaron nueve aún en discusión. El jueves se derogaron dos decretos más y según el vocero del Partido Nacionalista, Freddy Otárola, “faltan eliminar todavía otros siete decretos”.

INTERPELARÁN A MINISTROS

El Parlamento aprobó también una interpelación contra Simon y la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, para el próximo miércoles, por los violentos sucesos ocurridos en Bagua el pasado 5 de junio, que se saldaron con la muerte de 24 policías y diez civiles, entre ellos indígenas.

Sobre esa interpelación, el primer ministro comentó que él no está ocupado “en el ruido político que no produce, sino en la que sí produce: la lucha contra la pobreza y la unidad nacional”. No obstante, dijo estar dispuesto a responder a “200 pliegos interpelatorios”.

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