Daniel Ortega acusó al Embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Robert Callahan, de cometer el “delito” de reunirse con los opositores del Gobierno y promover la unión de las fuerzas oligarcas, como denomina el dictador nicaragüense a los demócratas nicaragüenses. “Eso es un delito y nosotros seguimos documentando y en su momento tomaremos las decisiones que hay que tomar en estos casos”, amenazó Ortega, en un discurso que pronunció el sábado por la noche.
El día anterior, el jefe de la bancada orteguista en la Asamblea Nacional, Edwin Castro, había calificado al embajador Callahan como un “injerencista” que “debería estar retirado de Nicaragua”. E informó el jefe parlamentario oficialista que: “Tenemos (o sea que tiene el gobierno orteguista) detallada la cantidad de veces que el secretario político de la Embajada americana y el señor Callahan han estado en actividades políticas nacionales y eso lo sabe el señor Callahan y eso es injerencismo, debería estar ya retirado de Nicaragua”.
Sin embargo, el jurista, catedrático universitario, consultor internacional y antiguo diplomático nicaragüense, doctor Julio Icaza Gallard, aclaró en declaraciones que publicamos en nuestra edición de ayer que “es totalmente normal (que un diplomático extranjero se reúna con sectores ajenos al Gobierno), es parte del trabajo de cualquier diplomático, porque si no, éste no puede conocer la realidad del país para el cual está acreditado (…) para que su Gobierno tome las decisiones más acertadas”. Además, el doctor Icaza Gallard planteó una interrogante fundamental: “¿Cómo pueden comprobar eso (o sea, que el embajador Callahan se reúne con la oposición para llamarles a la unidad)? Sólo que tengan actividades de espionaje”, advirtió el distinguido profesional.
En realidad, si es cierto que el Gobierno orteguista tiene información detallada de las supuestas reuniones del Embajador Callahan y del secretario político de la Embajada de Estados Unidos con nicaragüenses opositores, el único medio por el cual la puede haber obtenido es el espionaje político, tanto de las actividades que realiza una misión diplomática extranjera en Nicaragua como de ciudadanos locales. Y esto sí que constituye delito contra la Constitución, la cual, en el segundo párrafo de su Artículo 96 establece categóricamente que: “Se prohíbe a los organismos del Ejército y la Policía y a cualquier otra institución del Estado ejercer actividades de espionaje político”.
Esta prohibición del espionaje político fue establecida en la Constitución mediante la reforma constitucional de 1995. Y cabe recordar que eso se hizo por la dolorosa experiencia que hubo bajo la dictadura somocista, y por la todavía peor de la dictadura sandinista, que creó e impuso un enorme y despiadado aparato de espionaje y represión política basado en las siniestras experiencias de la extinta Unión Soviética, Alemania del Este y Cuba comunista. Y precisamente por la naturaleza criminal del totalitarismo, lo único que funcionaba eficazmente en el régimen sandinista de los años ochenta, eran el espionaje y la represión que ejercían particularmente el Ministerio de Interior (Mint) de Tomás Borge y la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE), de Lenín Cerna.
Ahora que Daniel Ortega ha recuperado el poder total gracias al pacto con Arnoldo Alemán y el PLC, es lógico suponer que también quiera restablecer —o que ya restableció, al menos en parte— su aparato de espionaje político en Nicaragua.La verdad es que no se concibe una dictadura, de derecha o de izquierda, constitucional o de facto, militar o civil, de clase o de partido, personal o de familia, que no tenga a su disposición un eficaz aparato de seguridad y de espionaje político. De manera que si es cierto que el Gobierno orteguista tiene información detallada sobre las reuniones del Embajador y el secretario político de la Embajada de Estados Unidos con miembros de la oposición, eso significa que están espiando a quienes quieren espiar, y que, como se comenta en círculos políticos y diplomáticos, incluso las líneas telefónicas de algunos altos funcionarios gubernamentales son controladas por el nuevo aparato de espionaje que ha sido montado y es operado o asesorado por mercenarios extranjeros.
De cualquier modo, aunque sea como predicar en el desierto otra vez le pedimos a los diputados opositores que investiguen esta situación, porque el espionaje político gubernamental es una flagrante violación a la Constitución y un grave atropello a las garantías, derechos y libertades de los nicaragüenses.
