A Daniel Ortega y sus funcionarios —con la excepción de uno que otro de los que manejan la política financiera del Gobierno—, no les importa que se haya cancelado la Cuenta Reto del Milenio y se pierdan sus cuantiosos recursos. Primero, porque es un programa protegido contra la corrupción gubernamental y por lo tanto no pueden apropiarse de sus fondos, y, segundo, porque es cooperación de Estados Unidos, país hacia el que Ortega parece sentir un odio que raya en lo patológico.
Sin embargo, el Gobierno orteguista simula estar molesto porque la Cuenta Reto del Milenio fue cancelada debido a su incumplimiento de las condiciones democráticas de respeto a las libertades civiles, Estado de Derecho y transparencia electoral. Y en ese plan, algunos funcionarios gubernamentales insultan a Estados Unidos y amenazan con expulsar al embajador Robert Callahan, al mismo tiempo que aprovechan el caso como pretexto para apretar la tuerca de la represión política. Así lo demuestra el hecho de que hayan reactivado la acusación penal contra el líder liberal democrático Eduardo Montealegre y el director de LA PRENSA, don Jaime Chamorro Cardenal, entre otros, por el desgastado caso de los Cenis.
Montealegre, quien por su condición de diputado a la Asamblea Nacional goza de inmunidad parlamentaria, ha asegurado que no renunciará a ese mecanismo jurídico de protección, pues no va a facilitarle al orteguismo su acción represiva. Y tiene razón. La inmunidad parlamentaria es precisamente para proteger a los diputados de acusaciones infundadas y juicios malintencionados, arbitrarios y represivos, como claramente es el de los Cenis. Es cierto que el orteguismo, con la ayuda de algunos diputados que fueron elegidos en casillas de oposición pero se han vendido o por cualquier otro motivo están al servicio del Gobierno, podría despojar a Montealegre de su inmunidad. Pero si lo hace, se pondría en mayor evidencia ante la comunidad democrática internacional y fortalecería el liderazgo político de Eduardo Montealegre.
En realidad, nadie puede negar que el proceso de los Cenis es un montaje político represivo. Así lo puso en evidencia el presidente de la Contraloría, doctor Guillermo Argüello Poessy, desde que este organismo dictó resolución de presunción penal contra Montealegre, Chamorro y demás acusados, el 13 de septiembre de 2007. “Cosas raras” han ocurrido, aseguró entonces el contralor Argüello y agregó que se habían aprovechado de que él por razones de salud estaba fuera de servicio, para dictar una resolución infundada y politizada.
Argüello Poessy ratificó su denuncia el 25 de mayo de este año, cuando declaró: “Aquí se ha usado esta Contraloría cuando yo he estado hospitalizado para perseguir a quienes han querido. Pregúntele al doctor (Lino) Hernández sobre la resolución de Eduardo Montealegre, la de los Cenis, a ver si frente al país tiene cara para decir cómo fue eso. La auditoría no estaba terminada siquiera cuando sacaron la resolución. ¡No estaba terminada! Como yo estaba en el hospital, la sacaron a la carrera. Aquí no había ni un proyecto de resolución siquiera. ¡La sacaron para meterle una presunción penal a Eduardo Montealegre! Él (el contralor Hernández) sí ha sido un instrumento político aquí. Yo no he sido instrumento político, mucho menos para perseguir a un líder político, nunca lo he hecho”, reveló el presidente de la Contraloría.
También el magistrado del Consejo Supremo Electoral por el PLC, José Marenco, en declaraciones públicas que la Radio 15 de Septiembre reproduce todos los días en distintos momentos de su programación, reconoce que su partido actuó de consuno con el FSLN, en contra de Eduardo Montealegre, para frustrar su candidatura presidencial y luego impedir que ganara la elección. Y el diputado Enrique Quiñónez, quien cuando militaba en el sector arnoldista del PLC instigó en la Comisión de Probidad y Transparencia de la Asamblea Nacional, la acusación malintencionada contra Montealegre por el caso de los Cenis, también lo ha denunciado y se ha arrepentido públicamente por haberse prestado a esa trama innoble que causa graves daños a personas inocentes.
Precisamente por casos judiciales como este de los Cenis, que carece de validez jurídica y moral, fue que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, cuando vino a Nicaragua en junio de 2005 para mediar en una de las tantas crisis políticas causadas por los caudillos del FSLN y el PLC, denunció que en este país la justicia está politizada y la política judicializada. Una situación vergonzosa que ahora, bajo el gobierno de Daniel Ortega, es todavía peor.
