El trasfondo de los sangrientos choques que ocurrieron recientemente en Perú, entre policías e indígenas de la selva amazónica —conflicto en el que se involucró el Gobierno de Daniel Ortega al concederle asilo al líder de los insurrectos, Alberto Pizango—, es el erróneo e imprudente manejo de la situación por parte del gobierno del presidente Alan García.
Sin duda que es bienintencionada la iniciativa del Gobierno peruano, de explotar el rico potencial energético que hay en la zona de la Amazonía donde se han producido los sangrientos enfrentamientos entre indígenas y policías. En realidad, los recursos naturales son para aprovecharlos en beneficio de las naciones y de la gente en particular. Pero ningún gobernante puede ni debe hacer lo que quiera, no sólo en materia de explotación de los recursos naturales sino también en cualquier otro ámbito de interés social y nacional, aunque se apoye en leyes que han sido debidamente aprobadas. Los gobernantes tienen la obligación de consultar y consensuar con las poblaciones correspondientes, las condiciones de explotación de los recursos naturales, la garantía de los derechos de propiedad territorial de los nativos, la protección ambiental y la equitativa distribución de los beneficios que se obtengan de las concesiones y explotaciones.
Es una regla elemental del buen gobierno saber que aquello que está claro para los gobernantes, no lo está necesariamente para los gobernados. Esto significa que un gobierno, sobre todo si realmente es democrático, antes de poner en práctica medidas que afectan de manera directa o indirecta a la población, debe previamente discutirlas y llegar a acuerdos con ella. Y en caso de que los representantes del Gobierno no puedan convencer a los gobernados ni, por lo tanto, llegar a acuerdo con la población, es preferible aplazar el proyecto y en última instancia desistir del mismo de manera definitiva, en vez de imponerlo y provocar o facilitar el conflicto.
En el caso del grave enfrentamiento del gobierno peruano con la población indígena amazónica, independientemente de que sea cierto o no que haya gobernantes extranjeros que están atizando una revolución indigenista, es obvio que la causa inmediata ha sido el empeño del Gobierno en implementar la Ley de la Selva, como se le llama al Decreto Legislativo 1090 que fue aprobado el 28 de junio del año pasado. Con esta ley se pretende regular por medio de una autoridad dependiente del Ministerio de Agricultura, la gestión y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, las concesiones de ecoturismo y de conservación, y sobre todo la explotación de los ricos recursos de petróleo y gas que hay en la zona del conflicto, poblada desde tiempos inmemoriales por comunidades indígenas que rechazan categóricamente la Ley de la Selva y luchan por su derogación.
Pero el Gobierno peruano, en vez de negociar con las comunidades indígenas hasta llegar a un acuerdo con ellas, o posponer o desistir del proyecto en caso de no ponerse de acuerdo con la población, se empeñó en implementar la Ley de la Selva a pesar del fuerte rechazo de la población, con las consecuencias trágicas que ahora se lamentan. De todas maneras, el derramamiento de sangre obligó al Gobierno a suspender la aplicación de la Ley de la Selva por el término de tres meses, para hacerle modificaciones y ganar tiempo mientras se llega a un acuerdo con los indígenas. Pero el daño ya está hecho, tal vez sea irreparable y lo más recomendable sería derogar la Ley de la Selva como lo demandan los indígenas, a quienes lo único que les interesa es preservar y que se respeten sus derechos de propiedad sobre la tierra que siempre han poseído y deben seguir poseyendo en el futuro.
La verdad es que ninguna ley ni proyecto de desarrollo puede ser viable, si se ponen por encima de todo los llamados intereses superiores del Estado, que en realidad no existen o no son más que las conveniencias de los gobernantes. La ley, para tener legitimidad y ser viable, debe ser orientada a favorecer a la gente y en todo caso tiene que contar con su comprensión y aceptación. Esto es algo que se sabe desde la lejana antigüedad, pero se olvida a menudo y para recordarlo tienen que ocurrir de vez en cuando, tragedias como la que ha provocado la Ley de la Selva en la Amazonía peruana.
