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Protestas se mantendrán en Perú A pesar de que el Congreso peruano decidió suspender ayer el decreto sobre explotación de la selva, que originó las protestas de los grupos indígenas amazónicos, derivando en los enfrentamientos acaecidos en Bagua, se conoció que los indígenas del departamento de Loreto realizarán hoy un paro de 24 horas, en el que exigirán la derogatoria del decreto legislativo 1090, ya que consideran que lesiona sus derechos. La decisión del Congreso peruano, de suspender lo que también se ha denominado como “Ley de la Selva”, es aún insatisfactorio para los miembros de las comunidades indígenas amazónicas, los que mantienen una huelga que ya llega a 50 días en el nororiente de Perú, y afirman que continuarán las protestas hasta lograr que se apruebe su derogatoria definitiva. De acuerdo con el comandante general de la Región Militar del Oriente, Alfredo Murgueito Espinoza, la paralización en Loreto es convocada por el Comité de Lucha Indígena y se tomarán las medidas necesarias para resguardar la ciudad y evitar actos de violencia. Asimismo, ayer, en la ciudad de Pucallpa se realizó una marcha pacífica que culminó sin mayores incidentes. Arturo Mackay, jefe de prensa del gobierno regional de Ucayali, informó que las clases se desarrollan con normalidad, igual que la atención en las instituciones públicas y centros comerciales. COLABORACIÓN DE ISABEL ZAMORA/ PERÚ

El Gobierno de Perú reconoció el asilo político otorgado por el presidente Daniel Ortega al líder indígena Alberto Pizango, sin embargo, las autoridades de ese país todavía no precisan en qué tiempo resolverán la solicitud de salvoconducto para que éste pueda viajar a Nicaragua.

“Nosotros como país democrático aceptamos esa decisión”, expresó el presidente peruano Alan García.

No obstante, para García, Pizango debería responder ante la justicia peruana por los delitos de sedición y rebeldía, además de denuncias por homicidio, ya que producto de enfrentamientos en la localidad de Bagua fallecieron 34 personas, la mayoría miembros de las fuerzas policiales.

“Si Nicaragua considera que Pizango merece el asilo porque no tiene condiciones de un juicio justo, eso se reconoce, pero tres países rechazaron el asilo porque dicen que sí hay condiciones (en Perú) para un juicio justo”, declaró el presidente García.

Los países a los que se refiere el presidente García son Estados Unidos, Francia y Bolivia; aunque el embajador de este último país en Perú, Franz Lozano, negó que el líder indígena haya solicitado asilo en esa sede diplomática.

PERÚ TIENE LA PALABRA

El Canciller de Nicaragua, Samuel Santos, reconoció antes que la entrega del salvoconducto a Pizango depende exclusivamente del Gobierno peruano.

“Cuando la dictadura somocista aquí, muchos de los que se asilaron pasaron a veces meses y meses, incluso hubo casos de años en las embajadas, porque el Gobierno de Somoza no concedía el salvoconducto; yo creo que ésta es una situación que los gobiernos que hoy hay en Latinoamérica, incluido el del Perú de Alan García, que es un socialdemócrata, lo dará rápidamente”, opinó Santos cuando se le consultó sobre el tema el pasado martes. Lo mismo sucedió durante el primer gobierno sandinista.

COMISIÓN PARLAMENTARIA RESPALDA ASILO

En Nicaragua los diputados sandinistas de la Comisión de Asuntos Étnicos, Regímenes Autonómicos y de Comunidades Indígenas de la Asamblea Nacional, así como el diputado Augusto Valle, de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), emitieron ayer un documento en que respaldan la acción del presidente Ortega de aprobar el asilo político para Pizango.

Valle dijo que su decisión de respaldar el comunicado se debió a factores humanistas y respeto a los derechos humanos.

El comunicado señala que “por ser un verdadero perseguido político en su país, apelamos al humanismo del presidente Alan García, a fin de que otorgue cuanto antes el salvoconducto a favor de Alberto Pizango, a fin de que pueda salir del Perú hacia Nicaragua”.

Agrega que “en aras de contribuir a la paz social, hacemos un llamado al Gobierno de Perú a usar el diálogo como mejor medio de dilucidar y solucionar sus diferencias internas con el pueblo indígena peruano”.

El presidente de la Comisión de Asuntos Étnicos parlamentaria, Brooklin Rivera, se mostró a favor de buscar un entendimiento en Perú, para que no se generen mayores conflictos y de esa manera los indígenas no sean perjudicados con la implementación de decretos que permiten la explotación de recursos, en lo que ellos reclaman como su territorio.

Rivera desestimó que existan incidencias externas en la lucha de los grupos indígenas, de parte de los gobiernos de Venezuela y Bolivia, como denunció el diputado Wilfredo Navarro, con el objetivo de desestabilizar al Gobierno de Alan García.