Faltan tres días para que Estados Unidos decida si se va a cancelar o no de manera definitiva el programa de la Cuenta Reto del Milenio (CRM) para Nicaragua, pero el embajador Robert Callahan ve muy difícil que la decisión sea positiva.
La Cuenta Reto está suspendida a raíz de las elecciones municipales fraudulentas de noviembre del 2008. Estados Unidos mostró su preocupación por este hecho al gobierno de Daniel Ortega y solicitó una revisión del proceso electoral cuestionado.
“No ha cambiado, la situación no ha cambiado, entonces yo temo que a menos que tengamos algo dentro de poco, es difícil realmente”, dijo el embajador norteamericano.
Jugando softbol en el campo de la Coca Cola, como primera base del equipo de Los Cañoneros de la Embajada, Callahan dejó entrever que en tres días no va a ocurrir lo que se ha estado esperando desde hace más de seis meses por parte del gobierno de Ortega: realizar una revisión de las elecciones municipales de noviembre del 2008.
El Procurador General de la República, Hernán Estrada, uno de los más altos personeros del gobierno de Daniel Ortega, dijo sobre la cancelación de la Cuenta Reto que para compensar esa pérdida, “los fondos ya están asegurados de parte de Alba Solidaria”.
A inicios de mayo, el embajador Callahan le entregó al canciller nicaragüense Samuel Santos una copia de la carta de la Secretaria de Estado de su país, Hillary Clinton, en la que anunciaba que la Corporación Reto del Milenio se reuniría este próximo miércoles 10 de junio para tomar una decisión final sobre los fondos que actualmente se encuentran suspendidos.
La CRM es un programa de 5 años que se ejecuta gracias a una donación de 175 millones de dólares, del Gobierno y pueblo de los Estados Unidos a través de la Corporación Reto del Milenio (MCC). El programa trabaja en tres componentes, el desarrollo de negocios rurales, infraestructura vial y el fortalecimiento de los derechos de la propiedad.
“El proyecto de titulación de propiedades y los proyectos no contratados para la construcción de carreteras son los que peligran. Aquellos proyectos ya contratados seguirán hasta que sean completados”, dice una nota de prensa de la Embajada estadounidense sobre la inminente cancelación de la CRM.
El procurador Hernán Estrada indicó que el proyecto de titulación va a continuar con o sin esta ayuda. “Respecto a la titulación no solamente va a proseguir, si a menos de la mitad del gobierno del presidente Daniel Ortega, ya hemos superado la titulación que se dio en la Administración de (Arnoldo) Alemán en su período entero y la de (Enrique) Bolaños en su período entero”, expresó Estrada.
El alto funcionario de Gobierno reiteró que ya están asegurados los recursos, confirmada la cooperación necesaria para que prosiga la titulación.
“Puede estar segura la población de que no está amenazada y en peligro los programas que tienen que ver con la titulación”, manifestó Estrada, quien también dijo que el embajador Callahan podía seguir jugando softbol.
El presidente Daniel Ortega ha dado por un hecho la suspensión definitiva de los fondos de la CRM.
El viernes 15 de mayo pasado Ortega aseguró una vez más que Venezuela, a través de la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba), asumirá los proyectos que dejaría pendientes la cooperación de Estados Unidos en Nicaragua.
Juan Sebastián Chamorro, director de la Cuenta Reto del Milenio en Nicaragua, afirmó entonces que hasta la suspensión temporal de la ayuda se han contratado 110 millones de dólares y sólo quedan 64 millones de dólares por contratar, que es la ayuda que sería cancelada si Ortega mantiene su posición de no revisar los resultados electorales.
Para esa fecha de mayo el embajador Callahan dijo en Chinandega que la negociación para la destrucción de 651 misiles tierra-aire Sam 7 en poder de Nicaragua, no impediría la suspensión definitiva de la Cuenta Reto.
Durante su partido de softbol de ayer, el embajador Callahan también se refirió al “waiver” o dispensa de un año a la aplicación de la disposición legal que prohíbe la ayuda bilateral de los norteamericanos.
Nicaragua debe resolver reclamos de estadounidenses confiscados durante el primer Gobierno sandinista de los años ochenta, no solamente los casos fáciles, sino también los difíciles, como un requisito para que Estados Unidos le extienda el waiver.
De no otorgarse este waiver, por falta de resoluciones a confiscados estadounidenses, se suspende la ayuda bilateral de Estados Unidos al país y también se afecta el voto que da el país norteamericano en el otorgamiento de préstamos por parte de instituciones financieras internacionales, como el FMI.
“El Gobierno (de Daniel Ortega) está trabajando, ellos saben que es muy importante, están trabajando en la cosa y hay muchas posibilidades que vamos a tener una resolución antes de la fecha del waiver (30 de junio), antes del fin de junio, ojalá, por lo menos, pero hay muchas posibilidades”, dijo el embajador Callahan, pero no especificó si se extenderá el waiver o no.
El embajador señaló que los casos difíciles no se están resolviendo todos, pero que siempre hay discusiones sobre el tema.
